Manos en alto, voces alegando, carteles, caos, bombas lacrimógenas, arrestos arbitrarios, muertes. Han pasado 365 días desde que en la calle Nicolás de Piérola, ubicada en el centro histórico de la capital del Perú (Lima), dos jóvenes que fueron a protestar pacíficamente terminaron asesinados por policías que todavía no reciben sanción.
El 9 de noviembre del pasado año, en una fría noche de lunes, el Congreso de la República tomó la arbitraria decisión de vacar por ‘incapacidad moral’ al ex mandatario presidencial Martín Vizcarra. Suceso que despertó el descontento popular. Al contrario de lo que muchos argumentan, las marchas en contra de esta decisión por parte del Poder Legislativo no fueron por la defensa de Vizcarra, sino en contra de posiciones unilaterales en plena crisis sanitaria y política que tenía sumergida al país. Fueron 105, de los 130 parlamentarios, quienes estuvieron a favor de esta cuestionable decisión, la cual ponía al presidente del Congreso en ese momento, Manuel Merino, como el nuevo Presidente de la República.
Desde distintas partes del país, miles de personas, entre ellos muchos jóvenes, se manifestaron en las plazas de todo el país. Alzaron su voz para que lograra oírse hasta el parlamento. Las calles de la Plaza San Martín se llenaron de gritos y carteles que le exigían al Congreso optar por otra decisión menos cuestionable y sacar a Manuel Merino de la presidencia. No obstante, tuvieron que pasar seis días y un trágico suceso para que las autoridades escucharan, pues dos de los asistentes a estas marchas fueron asesinados a perdigones. Quienes entre gritos y arengas que repetían “Merino no me representa”, recibieron la peor parte de un conflicto social: la muerte.
Nadie parece querer oír
Según la Constitución Política del Perú y el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protesta pacífica es un derecho. No obstante, las represalias hacia aquellos que buscan levantar su opinión o congregarse en las calles se ven, en muchas ocasiones, frenada por la violencia. La última etapa de un conflicto social.
Jordan Inti Sotelo Camargo (24 años) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22 años) fueron dos jóvenes que acudieron pacíficamente a protestar y la violencia les arrebató la voz. Una que se sigue escuchando, pero ni la Fiscalía ni el Poder Judicial o la Municipalidad de Lima parecen querer oír. Tal como constatan los certificados de las necropsias, ambos jóvenes fueron asesinados por múltiples disparos de proyectiles con armas de fuego. Según la Defensoría del Pueblo, durante la denominada Marcha Nacional hubo más de 200 heridos y 26 de gravedad.
Pero el año 2020, no solo dejó dos, sino cinco fallecidos por conflictos sociales. Aunque distintas organizaciones internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) advertían y coincidían en que la Policía Nacional habría usado innecesariamente la fuerza contra los manifestantes de la Marcha Nacional, una nueva manifestación surgió: el Paro Agrario. Este evento, ocurrido en diciembre, también dejó heridos y muertes que no encuentran justicia.
Tres víctimas fueron las víctimas mortales, todas en el departamento de La Libertad. El primero de ellos fue Jorge Muñoz (el 3 de diciembre), el segundo Reynaldo Reyes y el menor de edad tenía solo 16 años, Kauner Rodriguez (el 30 del mismo mes). Los manifestantes esperaban que la nueva norma, que deberá revisar el Ejecutivo, les otorgara mayores salarios. Los trabajadores exigían que las empresas agroexportadoras incrementaran su jornal de 31 a 70 soles diarios, pero para ello era requerido un nuevo régimen laboral agrario que solo el Congreso podría aprobar.
En esta manifestación no se ha logrado identificar la cantidad exacta de heridos civiles, en gran parte debido al temor que tienen de identificarse o ser hostigados o denunciados por las autoridades. El entonces ministro del Interior, José Elice y el ex presidente Franciso Sagasti eran quienes se encargaban de gestionar los sucesos ocurridos por ese mes.
En una entrevista para el programa Nada está dicho, Sagasti señaló que las comparaciones que se la hacen con Manuel Merino distan mucho de la realidad. “Hubo una sola persona que murió en esas protestas y fue en Trujillo… Las órdenes que se dieron explícitas desde el ministerio del Interior a la policía [fue] no usar armas de fuego”, argumentó. Pero según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dos trabajadores habrían sido disparados por parte de la Policía con armas de fuego, los jóvenes agraviados fueron Andy Panduro (23 años) e Isaac Ordóñez en la zona Barrio Chino, en Ica.
Desde el año 2013 hasta el 2019, hubo 62 fallecidos a causa de los conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, 57 de esas víctimas fueron civiles y cinco eran miembros de la Policía Nacional. El número más alto de víctimas en conflictos se observó en el 2015, cuando se reportaron 19 muertos.
En noviembre del año 2020, la Defensoría del Pueblo registró 198 conflictos sociales, el mayor número de todo el año. Cinco personas fallecieron. En diciembre del mismo año, hubo un total de 197 conflictos, uno menos que el mes anterior. Tres personas fallecieron y 53 quedaron heridas ¿Dónde está la justicia para ellos?
Un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que en el país hay constante impunidad para los agresores y persecución policial para los protestantes. Por lo general, en los casos de muertes en manifestaciones a mano de policías y militares, suele ocurrir un estancamiento en las investigaciones y la resistencia de las autoridades a señalar quienes son responsables de los hechos. Por lo que los procesos se prolongan hasta que terminan agotando económica y emocionalmente a las víctimas. “La erradicación de la impunidad es un elemento esencial para reducir el riesgo de los defensores, y debe ser considerada en la política pública y para que esta funciones, deben ser involucrados el Ministerio Público y el Poder Judicial”, advierte el informe.
Actualmente, Manuel Merino, junto con el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del interior Gastón Rodríguez son investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves y desaparición forzada con respecto a la Marcha Nacional.
Con respecto al Paro Agrario, no hay investigaciones preliminares. Mientras tanto, las víctimas y heridos no encuentran justicia.
Otros casos sin resolver
Como muchos saben, la minería es una de las principales actividades económicas del Perú. Es una fuente de riqueza y desarrollo para muchos, pero una amenaza y depredación para otros. Estos otros fueron quienes en el año 2012, alzaron su voz en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Lo que estas personas reclamaban a las empresas Yanacocha-Newmont era menos daños contra su entorno o participar de los beneficios que la minería debería ofrecerles por la explotación de sus recursos.
Sin embargo, debido a la falta de diálogo entre las partes, el conflicto escaló y las manifestaciones dejaron cinco civiles muertos. Actualmente, la investigación se encuentra archivada. Además, 19 de los campesinos que fueron a protestar se encuentran con acusaciones y se ha solicitado 15 años de prisión para ellos.
En el mismo año, el conflicto de Espinar dejó un proceso que lleva cinco años en curso y actualmente se encuentra en etapa de juicio oral. Se solicitan entre 4 a 10 años de prisión para ocho personas. En estas manifestaciones murieron tres personas y la investigación se encuentra archivada en etapa de investigación preliminar.
En el año 2009, otro conocido conflicto fue el de Bagua (Amazonas). En estas protestas, murieron 15 civiles y la investigación también está archivada en etapa de investigación preliminar. En este suceso, en donde también murieron efectivos policiales, se solicitaron penas desde 6 años de pena privativa de la libertad hasta cadena perpetua contra 88 personas.
Este proceso se prolongó por más de siete años. Llegó a juicio oral en el que todos los procesados fueron absueltos al comprobarse que no existían pruebas que sustentaran los gravísimos cargos imputados. El entonces ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz es uno de los personajes que continúa impune por la muerte de los civiles del “Baguazo”.
En el documental llamado “La Espera: Historias del Baguazo”, de Fernando Vílchez, Flores mostró su recelo con quienes protestaron en dicho evento. “¿Por qué llamas olvido a lo que es imposibilidad?, ¿acaso el presupuesto es un barril sin fondo lleno de oro? El Perú ha tenido limitaciones presupuestales durante décadas. Por eso, cuando me hablas de los pueblos olvidados del Perú, no me jodas”, señaló enfático.
Fuentes:
http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/Criminalizacion-de-la-protesta.pdf
*Escrito por Gabriela Coloma / Inforegión