IDL – Reporteros A las 11:56 p.m. del viernes 11, Edwin Rojas, el fiscal antidrogas especializado, presentó la denuncia fiscal por el caso de los 2 mil 230 galones de combustible turbo, originalmente destinados para las aeronaves del VRAE, que fueron intervenidos en un grifo en Pichanaki, donde la demanda fundamental para ese tipo de insumo proviene de las pozas de maceración del narcotráfico.
La denuncia fue entregada en el Segundo Juzgado Penal de Chanchamayo – La Merced. El caso, cuya investigación se encuentra en fase inicial, pasará ahora del ámbito especializado al local.
Para el juez y el fiscal en Chanchamayo, continuar desenmarañando el caso significa subir en la escala de responsabilidades castrenses hasta donde los hechos ameriten llegar. Y eso, para funcionarios no especializados, es un desafío mucho mayor que el que representaría para quienes están en el ámbito anti-drogas.
Poco antes de la denuncia fue entregado, como informó IDL-R (reporteros.pe), el atestado policial del caso. Reporteros.pe consiguió una copia del atestado de 78 páginas, que describe cada paso investigativo efectuado por la Policía, desde la intervención al grifo ‘Moralitos’.
Aunque buena parte del atestado es una mera descripción de las por momentos asfixiantes formalidades documentarias de la investigación, aquél trae, sin embargo, varias revelaciones.
Entre ellas:
• El testimonio de los empleados del grifo, de los transportistas y de los propios dueños del grifo (estos últimos en su declaración a La República), no deja lugar a dudas: El combustible turbo fue comprado ilegalmente en la base del Ejército en Satipo, específicamente del área del Batallón de Ingenieros La Breña Nº 02. El despacho de combustible, sin embargo, estaba a cargo de personal militar de Intendencia.
• El combustible Turbo en esa Base estaba almacenado en un depósito (Bladder) de 10 mil galones de capacidad.
• El suboficial a cargo del aprovisionamiento de combustible durante los meses de 2010 en los que se produjo el robo, es Otmar Canales. Sobre él se centra la mayor sospecha, pero no parece ser el único que tiene mucho que contar. Cuando la Policía pidió el cuaderno de registro de ‘control de ingreso de vehículo y personas’ al mayor EP Edgar Cunya Merino, éste contestó que “dichos cuadernos se han deteriorado por las lluvias torrenciales y vientos huracanados, desconociendo su paradero actual”.
• El técnico jefe EP Félix Salvador Palacios relató que cuando le ordenaron relevar al suboficial Otmar Canales, el 12 de agosto del año pasado, en Satipo, descubrió que el bladder tenía almacenados 9 mil doscientos galones de combustible, mientras que Canales reportaba solo 7 mil 500 galones. Salvador se negó a hacer el relevo en esas condiciones y recibió la orden de su superior, el mayor EP Roberto Gallegos Condori, de regresar a Huancayo. Salvador regresó el 26 de ese mismo mes a Satipo, para asistir al relevo entre Canales y otro suboficial. Ahí no se mencionó el excedente, y cuando Salvador lo increpó, Canales negó que hubiera existido ese excedente de mil 699 galones de Turbo.
• Solo el grifo Moralitos compró ilegalmente, recibió y vendió 5 mil 25 galones de Turbo. Estos fueron vendidos subrepticiamente en el cuartel militar de Satipo en cuatro embarques, entre el 25 de abril y el 22 de agosto de 2010. Dos mil 230 galones fueron decomisados en la intervención policial y por lo menos 2 mil 795 galones fueron vendidos para su uso final en las pozas de maceración.
• Como se recordará, la preparación de un kilo de pasta básica de cocaína requiere de 4.5 galones de kerosene. El Turbo, dada su mayor pureza, es más eficaz. De manera que el combustible vendido fue suficiente para preparar por lo menos 620 kilos de pasta básica de cocaína. De otro lado, los 5 mil 25 galones robados al esfuerzo militar en el VRAE hubieran sido suficientes para 23 horas de vuelo de helicóptero. Tales los montos del daño y del sabotaje.
El ministerio de Defensa, entre tanto, ha descubierto una súbita vocación por el silencio. Y su desorientadísimo inspector general, Jorge Kisic, que desestimó toda irregularidad cuando sobrevoló el tema, parece ser uno de los más afectados por la mudez.
Resulta virtualmente imposible que un operativo de robo de esas proporciones a la Fuerza Armada haya podido hacerse solo a través de un suboficial.
Ahora lo que realmente importa es ver hasta dónde llega la cadena de complicidades y responsabilidades. Quiénes son los cutreros que no vacilaron, para lucrar, en sabotear el esfuerzo del país y su Fuerza Armada en el VRAE.
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