LORETO. A más de 40 días del derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de Cuninico, provincia de Datem del Marañón, región Loreto, los conflictos entre las comunidades y la empresa estatal Petroperú continúan. En tanto, los daños a la naturaleza y a la población de la zona siguen agravándose. Entre las comunidades afectadas y Petroperú hay desacuerdos (registrados en el envío de cartas) que no permiten un rápido abordaje a la problemática generada por el derrame.
Ayer, la gerente del Departamento de Relaciones Comunitarias de Petroperú, Cecilia Quiroz, dirigió una carta a Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra (GTACH), señalando las dificultades que el personal de la empresa estatal ha tenido para ingresar a la comunidad nativa Shoroya Nueva y así implementar los trabajos de remediación correspondientes tras el derrame de crudo mencionado.
En la misiva, Quiroz le expresa a Bisa su «preocupación y alarma frente a los hechos que vienen ocurriendo en la comunidad nativa Shoroya Nueva, afiliada a su organización, donde las autoridades comunales y la población están limitando e impidiendo el libre tránsito de supervisores de Petroperú, los que han ingresado el día 24.10.2022, porque están acompañando a OEFA en la ejecución de sus labores de fiscalización».
La razón por la cual las comunidades no aceptaron la visita de estas entidades se debe, como señala el mismo documento de Petroperú, a dos razones: En primer lugar, se exige que se inicie de forma inmediata el recojo de crudo a cargo de la contratista Cinval; además del pago del personal de vigilancia que habría trabajado en el punto cero del ocurrido desastre. Lo cierto es que como menciona la misma Bisa, Petroperú no anunció su visita.
«Como no ingresaron el 20, OEFA entraría a inspeccionar y Petroperú fue siguiéndolos, pero estos últimos no nos han mandado un documento diciendo que acompañarían al personal de la OEFA, recién cuando fueron detenidos [por personal de la comunidad] ellos empezaron a decir «ven que no se cumplan las garantías«. No justifico las acciones tomadas por la comunidad de Shoroya Nueva, pero las inacciones son atentados contra los pueblos originarios afectados por esta contaminación. Imagínese como van a reaccionar. Ellos [Petroperú] no muestra interés en solucionar el conflicto», acota Olivia Bisa.
En la reunión sostenida el 13 de octubre entre la empresa estatal y la GTACH, Petroperú afirmó que la nación Chapra se comprometía a entregar la evidencia de la ejecución de las labores de vigilancia y también a garantizar el alcance de la lista completa de trabajadores para el servicio de recojo de crudo, para que la contratista Cinval pueda dar inicio a sus trabajos de remediación. No obstante, Olivia Bisa también precisa que estas son excusas por parte de la compañía, pues la lista sí fue enviada el día 19 de este mes.
«Estas son las artimañas [que utiliza Petroperú] para confundir a los medios y a la ciudadanía en general para así evadir responsabilidad. La señora Cecilia Quiroz nunca ha pisado el territorio, ni sabe dónde está. Solo manda gente. Por eso es la indignación del pueblo. En el acta (del día 13) no era requisito indispensable una lista para entrar a campo, ¿qué pretextos más van a dar? considera Olivia Bisa para INFOREGIÓN.
En respuesta al documento emitido por Petroperú, la nación Chapra respondió que lamentan lo sucedido con los trabajadores de la empresa, pues su compromiso es de mediar la comunicación entre esta entidad y las comunidades, pero que la inacción es un factor de conflicto.
«A 45 días desde cuando informamos a su empresa del derrame en el Km 177 del ONP, no hay un gramo de petróleo que se haya retirado de la zona afectada, mientras las lluvias arrastran el crudo, y los TPHs se evaporan afectando a todo el ecosistema comunal. ¿qué es lo que esperan? ¿que la naturaleza haga su trabajo? Esta es la real causa de la reacción de nuestras comunidades, que, por supuesto, lamentamos», registra el documento redactado por el GTACH en respuesta a la carta de Petroperú.
Por su parte, la empresa estatal considera que «deslindan de cualquier responsabilidad por los retrasos que podrían ocasionarse». Pero dichos retrasos han ocurrido desde el día 20, cuando las comunidades esperaban que la compañía estatal ingrese a realizar los trabajos de remediación en el territorio ancestral de Chapra, hecho que no ocurrió. Un día antes de la fecha mencionada, las comunidades de Morona dieron plazo a Petroperú para atender el derrame de crudo, pues de no realizarse se tomarían nuevas medidas hasta que autoridades atiendan sus demandas.
Finalmente, el GTACH afirma a la representante de Petroperú que «a pesar de las circunstancias actuales de inacciones de su representada respecto al ingreso para la ‘atención a la contingencia’, nosotros seguimos ofreciendo nuestra disponibilidad para intermediar con nuestras comunidades, pero también esperamos de su empresa, respuestas concretas y claras, que pongan en marcha inmediatamente los trabajos de limpieza de hidrocarburos del territorio de nuestras comunidades».
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