A inicios de abril se publicó el libro “La titulación de territorios indígenas y la compensación por servidumbres petroleras en Loreto”. Un informe que revela las principales razones por las cuales el Gobierno Regional de Loreto continúa omitiendo la demanda de titulación de tierras por parte de la Federación de las Comunidades Nativas del Alto Corrientes (Feconacor), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).
La publicación, editada por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ) y el movimiento en lucha por la igualdad Oxfam Perú, fue escrita por los abogados Lilyan Magaly Delgadillo Hinostroza y Henry Oleff Carhuatocto Sandoval, revela las principales razones por las cuales el Estado, a la fecha, desconoce el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas (Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre), ubicadas en el ámbito de los lotes 192, ex 1AB, y 8, operados durante años por empresas petroleras instaladas en sus territorios ancestrales, entre ellas Perupetro S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.
Inforegión conversó con Henry Oleff Carhuatocto, uno de los abogados que participó en su elaboración, para conocer los principales hallazgos de la investigación, que relata a detalle el proceso legal iniciado, en mayo de 2015, para demandar constitucionalmente al Estado peruano por vulnerar el derecho al territorio de los pueblos indígenas, permitiendo la omisión de titulación, la imposición de servidumbres gratuitas sobre sus tierras y sin compensarlos por el uso de estas.
En la actualidad, más de 500 comunidades nativas esperan la confirmación de la sentencia que reconocería sus derechos territoriales, luego que presentaran ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, su defensa contra Pluspetrol, una de las presuntas responsables de contaminar sus tierras por más de 50 años.
“La relevancia de la publicación es que, por primera vez, se expone un caso histórico donde no solo se ordena al Gobierno Regional una titulación sobre el territorio, que es para fines agrícolas, de vivienda y agropecuarios, sino sobre los bosques y los recursos naturales, como los ríos. Además, se solicita a las empresas petroleras que paguen una compensación a los pueblos indígenas por el uso de sus tierras ancestrales, y la creación de un cronograma de compensación a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem)”, precisa el abogado de las federaciones indígenas afectadas por la actividad petrolera.
En esa línea, Carhuatocto explica que se reclama que otorguen una titulación que incluya los bosques y los recursos naturales, ya que se trata de espacios ancestralmente ocupados y que, de acuerdo a la normativa internacional, les correspondería titulación en propiedad.
«Por ello, consideramos que la mirada del Estado debe ser integradora e intercultural, porque lo que significa el territorio para un pueblo indígena, no es lo mismo para una persona con mirada occidental, porque para ellos la propiedad se circunscribe a una casa o vivienda, mientras que para el pueblo indígena forma parte de su vida e identidad cultural”, sostiene.
Sobre la reciente audiencia llevada a cabo en la Corte Superior de Justicia de Loreto, indicó que la defensa del presunto responsable no cuenta con ninguna base legal, pues sus argumentos para no asumir responsabilidad se basarían únicamente en opiniones personales.
“El abogado de Pluspetrol señaló que, en sus 30 años de ejercicio profesional, nunca había visto una demanda que planteara una titulación sobre recursos naturales, un pago de compensación de tierras indígenas, y esto sin ningún tipo de base legal. Esta es una opinión personal, porque es una percepción de cualquier persona sobre un asunto que se le consulta, no se avala en ninguna base normativa”, señaló.
En cuanto a los avances positivos en el caso, el defensor legal de las federaciones indígenas aseguró que Pluspetrol Norte pagará la compensación por uso de tierras ancestrales de más de 500 comunidades nativas afectadas por contaminación petrolera.
Esto teniendo en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, sostiene que el Estado debe priorizar los intereses de los pueblos indígenas ante posibles perjuicios por la explotación de los recursos existentes en sus tierras. En ese sentido, se indica que estos deberán percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir, como resultado de estas actividades.
“Ese derecho ya está ganado y ahí tenemos a dos responsables: la empresa, que está obligada a realizar el pago, y el Estado, por ser la entidad que debe garantizarlo. Ellos tienen derecho a recibir beneficios compartidos cuando tienen perjuicio en sus derechos colectivos y territoriales, y aquí ha habido una afectación evidente. Por ello, nosotros tenemos la expectativa que la segunda instancia, acorde a la que se desarrolló en la audiencia del 21 de marzo, resuelva a favor de los pueblos indígenas”, remarca.
Por último, Carhuatocto refiere que la publicación también expone algunas de las estrategias utilizadas por algunas empresas petroleras para dilatar el otorgamiento de los derechos territoriales de las comunidades nativas de la Amazonía norte. Una de ellas trata del procesamiento de los pueblos indígenas por el delito de usurpación ante la falta de una titulación legítima frente al Estado.
“En el libro enfatizamos que no se puede procesar a los indígenas por el delito de usurpación, porque se tratan de propiedades que conforman el territorio ancestral de los pueblos indígenas, al acusarlos, a través de ese proceso penal, se recortan sus derechos sociales y libertades”, finalizó.
Para conocer más detalles sobre la demanda histórica de los pueblos indígenas de las Cuatro Cuencas accede al libro, ingresando al siguiente enlace.