LORETO. Ante la Defensoría del Pueblo en Loreto, la comuna de Maynas fue la más quejada en el 2022 por incumplimiento de plazos para entregar información pública, omisión de respuesta a pedidos de la ciudadanía, insuficiente fiscalización edil para atender quejas ciudadanas, así como la falta de recojo de residuos sólidos. Así lo informó el jefe de la sede defensorial, Abel Chiroque.
La Defensoría del Pueblo en Loreto añadió que, en el 2022, se recibieron 2237 casos, 191 fueron interposición de buenos oficios, 1493 fueron consultas y 553 quejas vinculadas a la defensa de los derechos de la ciudadanía. Unos 140 casos corresponden a las municipalidades y las demás a las 10 instituciones públicas más quejadas de la región en las que figura la Municipalidad Provincial de Maynas.
El segundo sector que reunió más quejas fue Educación, con 106 casos vinculados a la atención del servicio educativo, contratos de docentes, movimientos irregulares de personal, sobre todo en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Loreto-Nauta.
En tercer puesto, se encuentran las dependencias del Gobierno Regional de Loreto, incluidas las gerencias regionales de Salud y de Educación, debido a casos sobre falta de personal de salud, desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud y las irregularidades advertidas en la UGEL Putumayo, donde no se cumplió con el pago de remuneraciones a 360 docentes en la fecha prevista. Otras entidades que reunieron quejas en el año que pasó fueron el Hospital Regional, el Ministerio Público y las comisarías, así como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Además, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto consideró que hay una agenda pendiente para las autoridades electas en la región, como la atención y gestión de los 30 conflictos sociales, así como la atención de la demanda histórica de las personas con discapacidad relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y urbanística, y medidas que permitan la verdadera inclusión y respeto a sus derechos.
La entidad considera también la necesidad de promover un trabajo conjunto ante la violencia de género. Precisa que se deben unir esfuerzos para la implementación de los equipos de respuesta frente a la violencia en las provincias y distritos de la región Loreto, tomando como referencia las supervisiones defensoriales a los centros de emergencia mujer (CEM), Defensa Pública, comisarías y el Ministerio Público no cuentan con la logística y con profesionales en psicología, trabajo social y derecho para atender a las víctimas.
Finalmente, la entidad señala que se promoverá la creación, convocatoria y liderazgo de las instancias distritales y provinciales de lucha contra la violencia es una obligación, por lo que en este 2023 solicitará que se cumpla con la política pública de lucha contra la violencia en todos los niveles de gobierno.