LORETO. El miércoles 22 de marzo, se reunió la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (FCRA), a cargo del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe). Desde 2020, la entidad privada sin fines de lucro es responsable de hacer seguimiento al proceso de remediación ambiental de 146 zonas impactadas, como consecuencia de las actividades de hidrocarburos de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Sin embargo, esta ha confirmado que ninguna zona contaminada ha sido remediada a la fecha.
Ante ello, la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes (Feconacor), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) y la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (Opikafpe) expresaron su preocupación debido a los retrocesos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ya que más de 500 comunidades nativas siguen expuestas al riesgo de contaminación.
Los retrasos se deberían a que el Minem, a través de Profonanpe, ha propuesto anular el contrato actual con la empresa Consorcio Ecodes Varichem, encargada de diseñar los planes de remediación, y adquirir los servicios de una nueva, con un presupuesto de S/ 38 millones.
Las federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas estiman que esta acción tardaría en realizarse aproximadamente más de dos años, lo que equivale al aumento de riesgos en la salud de los pueblos indígenas involucrados. Pero, este no sería el único problema que estaría dilatando la atención de los desastres ambientales en la Amazonía norte.
Línea de tiempo de los retrasos
En 2020, Profonanpe asumió la administración del FCRA, creado mediante la Ley N°. 30321, para atender la contaminación por petróleo en las cuencas del Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes, ubicadas en Loreto. Desde entonces, la entidad privada ha elaborado planes de rehabilitación para ejecutarse en 32 zonas impactadas con hidrocarburo.
La finalidad era resolver la emergencia ambiental, según las necesidades de las poblaciones afectadas, entre ellas, ciudadanos indígenas de los pueblos Achuar, Quechua, Kichwa, Kukama y Urarina. No obstante, a dos años de haber asumido el manejo del fondo, el Minem (la cartera encargada de aprobar los planes de rehabilitación antes de ser ejecutados) solo ha aprobado 15 de estos, de los cuales 12 corresponden a la cuenca del río Corrientes, uno al río del Pastaza y dos al río Tigre.
Peor aún, hasta el momento, ninguno de los planes aprobados ha establecido los costos del traslado de los especialistas y sus equipos hasta los lugares afectados, entre otras acciones, para por fin iniciar las actividades de remediación.
En esa línea, tampoco se ha tomado en cuenta que las comunidades de la Amazonía norte, organizadas en las federaciones Fediquep, Feconacor, Opikafpe y Acodecospat, llevan más de 50 años denunciando la falta de responsabilidad, por parte de las empresas petroleras, tales como Petroperú y Pluspetrol Norte, y el abandono estatal que impacta permanentemente en la atención a sus reclamos de asistencia para emergencias ambientales y sanitarias.
Flor Blanco Hauchecorne, gerenta del Programa de Pasivos Ambientales de Profonanpe, área responsable supervisar el financiamiento de las acciones de remediación, con el respaldo de los ministerios del Ambiente; Energía y Minas; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura y Salud; así como de las federaciones de las Cuatro Cuencas, afirmó a Inforegión que, a pesar de la continuidad de los derrames en el país, el FCRA solo tiene permitido atender los que hayan ocurrido años pasados en los ríos Pastaza, Marañón, Tigre y Corrientes.
Asimismo, durante la entrevista, la representante de Profonanpe reveló que, desde que la entidad privada asumió la responsabilidad administrativa del FCRA, en 2020, el Estado ha transferido un presupuesto total de S/ 431 millones para atender los desastres solo en las Cuatro Cuencas.
“El Estado decidió con este fondo actuar de manera urgente y prioritaria, pero no para sitios donde ahorita hay derrames sino para los antiguos. Hasta ahora, el Estado ha transferido al fondo un total S/ 431 millones, de estos lo que se ha ejecutado es en la elaboración de 30 planes de rehabilitación para 32 sitios, que empezaron a hacerse en 2018. [Estos] se presentaron al Minem en 2019 y en el 2020 llegaron las observaciones a estos 30 planes y son casi 5000. Pero, son cerca de S/ 51 millones que se han ejecutado en elaborar planes de rehabilitación, levantar observaciones, salir a campo, traslados”, indicó.
Recientemente, a la lista de lugares impactados se han sumado 102 zonas nuevas priorizadas. No obstante, las federaciones indígenas de las Cuatro Cuencas han comunicado que, entre el Lote 192 y el Lote 8, puntos de explotación de hidrocarburos ubicados en la región Loreto, existen más de 3000 sitios sin ningún tipo de atención técnica ni presupuestal.
Una realidad que se ha traducido en la visión lejana para las comunidades nativas de acceder a los planes de remediación a tiempo. Esto sin contar a otros sectores afectados producto de los 424 derrames de petróleo, suscitados en los últimos diez años en toda la Amazonía peruana.
En ese sentido, Blanco comentó algunas de las dificultades para gestionar las acciones de remediación, las cuales incluyen, en primer lugar, la identificación de los lugares. Dicho trabajo es realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Lo que más cuesta en remediación definitivamente es la logística, llegar a esos sitios con todos los equipos, el personal; tiene un costo bastante elevado. Hay algunos sitios a los que no podemos llegar, vía terrestre, porque no hay mantenimiento de carreteras, lo que se traduce en paralizar o ir por vía fluvial o aérea, que es mucho más caro. Entonces, la situación es grave, porque si las personas no pueden acceder a servicios de salud y educación, cómo vamos a llegar con remediación”, advierte Blanco.
Si bien, Profonanpe se dedica a priorizar qué zonas atender y cómo gastar los recursos mediante la contratación y supervisión a empresas especializadas en realizar los planes de rehabilitación, la entidad privada a cargo del FCRA señala que, el Minem estaría dilatando las autorizaciones para ejecutar los planes, situación que ha provocado la extensión del retraso en la atención de los lugares contaminados con crudo.
“Un tema crítico es si la técnica o propuesta va a funcionar para la situación, lo que está pidiendo el Minem es la demostración de que esa tecnología va a funcionar y la demostración implica ir a campo, y esa es una discusión bastante gruesa, porque implica recursos adicionales, entonces, es crítico, porque no se puede avanzar si el Minem no está convencido de la tecnología”, manifestó Blanco.
Finalmente, Flor Blanco resaltó la necesidad de atender esta problemática ambiental por parte del Ejecutivo para que no continúe pasando desapercibida, ya que las demandas de los pueblos indígenas de la Amazonía norte se mantienen en aumento y las demoras ponen en riesgo cada vez más sus condiciones de vida, impactadas gravemente por la contaminación.
“Hemos hecho todo el esfuerzo de transparentar y poner reglas en este fondo para asegurar predictibilidad. Quizás debamos insistir en crear eventos internacionales que ayuden a poner el tema en agenda, porque esto es grave, está pasando todos los días en Loreto, además de continuar mejorando y acelerando el tema de organización, de logística, para asegurar que las federaciones siempre tengan el respaldo logístico que necesitan”, concluyó.
Durante la realización de este informe, Inforegión solicitó de manera reiterada entrevistas con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para conocer su versión oficial sobre las demoras que comprometen la ejecución de los planes de remediación en las Cuatro Cuencas. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Fotos de: Alessandro Falco
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