Respecto al bloqueo de un sector del río Marañón acatado por comunidades nativas del distrito de Urarinas, provincia y región Loreto, en el contexto del derrame de petróleo en el Tramo I del oleoducto Norperuano, ocurrido el pasado 16 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado que pasamos a compartir:
1. Hacemos un llamado a los apus de las comunidades de Cuninico, San Antonio, Seis de Mayo, Santa Teresa, Nueva Esperanza, San Francisco, Monterrico, Nueva Santa Rosa y de la Federación de Pueblos Cucamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM) a que depongan su medida de fuerza y a colaborar con las instituciones competentes para que se continúe con las acciones de contención y limpieza ambiental, así como con la provisión de ayuda humanitaria y la misma llegue a todas las personas afectadas, en condiciones de paz social. Los medios violentos de protesta son inadmisibles y punibles, deslegitiman las demandas sociales y reducen la posibilidad de un entendimiento a través del diálogo.
2. Exhortamos al Ministerio Público a realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar a los responsables del daño ocasionado al oleoducto Norperuano. Este y los anteriores atentados a la propiedad pública no pueden quedar impunes. El OEFA informó que, desde el 2011 a la fecha, 27 de un total de 32 derrames de petróleo habrían sido causados por cortes intencionales.
3. Asimismo, pedimos al Gobierno nacional y al Gobierno Regional de Loreto adoptar las medidas que sean necesarias para atender este conflicto a través del diálogo, considerando que este es el mecanismo más idóneo para la solución de los conflictos. En esa línea, instamos a todos los involucrados para que, en dicho diálogo, formulen posturas razonables a efectos de llegar a acuerdos en el marco de la ley.