LORETO. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) comunicó que, tras la lucha del pueblo Kukama por la defensa sus derechos en la zona del Lote 95, el gabinete del actual Gobierno ha emprendido como respuesta la militarización en dicha zona ubicada en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, región de Loreto.
“El viernes nos reunimos con el Premier y los ministros. Han condenado nuestra protesta y ahora ya han empezado a llegar militares”, señaló el Apu James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap).
Cabe mencionar que, desde el 28 de febrero, son 17 las comunidades que han paralizado las actividades petroleras en la zona como medida para exigir la atención de la agenda social por parte del Estado, así como los compromisos incumplidos de parte de la empresa Petrotal.
Frente a esta preocupante situación, las comunidades de la zona han anunciado que se mantendrán luchando. “La acción es de resistencia. Si hay represión al pueblo en un gobierno que se supone que representa al pueblo, se acabará la actividad petrolera y se pedirá la vacancia del presidente Castillo”, indicó el Apu Pérez.
Como recuerda Aidesep, las demandas de las comunidades cercanas al Lote 95 no son recientes. En años anteriores se han producido manifestaciones para exigir una mejor atención a la agenda social de las comunidades. Además, existen dos actas incumplidas con la empresa Petrotal, que consideran el financiamiento de expedientes y también acuerdos sobre el derecho al beneficio de barriles de petróleo fiscalizados.
Ante este acontecimiento, las comunidades y organizaciones indígenas de Loreto señalaron que no quieren repetir lo ocurrido en el 2020, cuando tres pobladores de la etnia kukama murieron por heridas de bala, luego de una violenta represión policial en la localidad de Bretaña.
Ante esta situación, Aidesep hizo público su respaldo a la lucha de las comunidades de Loreto. Asimismo, exigió al Estado retroceder en la militarización de la zona y dirigir su atención a las demandas de las comunidades.
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