A los ojos del mundo, nuestro país goza de buena salud. Tenemos una economía estable y somos unos de los diez países megadiversos del mundo. Pero este robusto cuerpo tiene un dolor en la columna vertebral, más conocido como ordenamiento territorial.
Si un médico especialista nos auscultara, seguramente encontraría buenas razones para mandarnos al hospital. Tal vez su diagnóstico sería “desordenamiento ambiental y territorial causado por política nacional de ordenamiento territorial aprobada mediante Decreto Supremo”. Si es que eso existe.
¿Causa directa de la enfermedad? Ley Nº 30230 o virus del “paquetazo antiambiental”, según nuestros ambientalistas.
Y como para combatir el mal hay que conocer bien la enfermedad, consultamos sobre el concepto estipulado en la ley que señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso”.
Para Liliana Miranda, directora ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida (FCV), en la traducción más simple esto quiere decir que ahora va a ser “oficialmente” el sector político de turno quien decida qué, dónde, cómo, cuándo y para qué se destinarán las diversas áreas del territorio que pertenece a todos los peruanos.
“Sí, esto es una zonificación a la carta, donde va a ganar el más fuerte”, precisa.
En la práctica, con esta ley se continuaría con el desorden territorial, pues son las políticas sectoriales las que asignan los usos y definen dónde se hará una concesión, generando la superposición de asignaciones.
¿Y qué pasa en un país donde no hay orden?
Miranda pone un ejemplo. “Si el sector Agricultura decide que en un lugar se haga una concesión forestal, como no está claro quién da la última palabra, luego puede venir el sector Minería y decir que en ese territorio se hará una concesión minera y luego quizás un grupo de agricultores se opondrá porque dirá que es zona agrícola, o el Ministerio de Cultura dirá que se trata de un área arqueológica, o Turismo podría querer destinar el territorio para esa actividad y así sucesivamente”, comenta.
La especialista recordó, además, que el gobierno está desconociendo las leyes generales de los gobiernos regionales y municipales provinciales, las cuales otorgan a estos sectores, el derecho al ordenamiento territorial de sus jurisdicciones.
“Son los gobiernos regionales y los gobiernos de las municipalidades provinciales las que deben hacer los planes de ordenamiento territorial, pero con esta ley en lugar de promover comisiones o consejos de ordenamiento territorial donde se tomen decisiones en forma concertada y transparente, lo que se hace es desconocer estas normas y la necesidad de que existan estos planes de ordenamiento del territorio para que haya transparencia, sino todo va a ser un caos”, precisó.
Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar el desorden, los conflictos y todo lo que esto desencadena?
La representante del FCV recomienda que en primer lugar se derogue el artículo 22 de la Ley Nº 30230, pues no debe ser el sector político quien asigne los usos a cada territorio, sino un solo instrumento que es justamente el Plan de Ordenamiento Territorial.
Para ser más claros, se debe contar con un mapa de usos territoriales, que sean los técnicos quienes establezcan en consenso las áreas naturales protegidas, las áreas forestales o las áreas agrícolas; y que además todo esté debidamente reglamentado.
“Es inconcebible que nuestro país no cuente con esta herramienta”, señala. Y encima, le duela la columna vertebral (publicado en el No.6 de la revista InfoRegión).