La nueva Ley de Consulta previa a los pueblos indígenas será una herramienta fundamental para establecer una línea de diálogo con las comunidades y las empresas en torno a los proyectos mineros y de hidrocarburos, reduciendo la posibilidad de nuevos conflictos sociales en nuestro país.
Así lo expresó el doctor Guimo Loayza, jefe de la Oficina Defensorial de
Madre de Dios, quien también destacó que a través de esta norma se prestará mayor atención a la problemática de los pueblos indígenas.
“Lo que vemos es que en los últimos años se han generado muchos conflictos por no haber tomado en cuenta la opinión de los pueblos, como es el caso de una empresa petrolera que está explorando en territorios de la comunidad nativa de Amaracaere”, precisó Loayza al programa Diálogo Ciudadano, especial de fin de semana, que se difunde en Madre de Dios vía Radio Aurora en coproducción con INFOREGIÓN, Agencia de Prensa Ambiental.
Precisó que con la nueva norma, se busca involucrar a los pueblos indígenas en el desarrollo de un proyecto, conocer su opinión y saber su posición sobre un proyecto dentro de sus territorios, que tienen que ser tomados en cuenta por el Estado a efectos de que el probable impacto sea en menor grado.
Reglamentar la ley
“Esta ley tiene muchos aspectos positivos, como por ejemplo involucrar a los pueblos indígenas en su propio desarrollo. Esperemos que la norma
prontamente sea reglamentada para tener una precisión sobre las consultas”, indicó.
El abogado aclaró que el derecho a la consulta previa con los pueblos tiene
vigencia desde hace muchos años, a través de los acuerdos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que nuestro país solo la ha ratificado con la reciente promulgación, en parte por las invocaciones reiteradas de la Defensoría del Pueblo.
“Mediante documentos, los diversos Defensores del Pueblo en los últimos años han solicitado al Congreso abordar este tema y a la vez aprobar la ley, al ser una necesidad urgente que venía siendo soslayada desde hace mucho tiempo”, expresó.