Al filo de las 10 de la noche del lunes último, la jueza Juana Mercedes Caballero, titular de la Sala Penal Nacional de Lima, ordenó la detención preventiva por 15 días del abogado Rodolfo Orellana (50), del coronel PNP (r) Benedicto Jiménez (61) y de otras 23 personas más por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
La mañana siguiente, tres equipos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se apostaron en las casas de Orellana y de Jiménez, así como en el local de Guardia Civil 835, en San Isidro, el centro de operaciones de Orellana y la sede del pasquín ‘Juez Justo’, que dirigía Jiménez.
A las 7 y 30 de la noche, Jiménez fue arrestado cuando salía de dicho local. “Esto es un atropello”, masculló mientras era conducido a un vehículo policial. Una hora después fue trasladado a los calabozos de la Dirincri, en la avenida España.
Al cierre de esta edición, Orellana era “no habido”. Policías y fiscales allanaron algunos inmuebles donde se supone podían encontrarlo, pero el abogado no apareció. Carlos Camacho, quien funge de su vocero, declaró que Orellana se pondrá a derecho, pero no especificó cuándo ocurriría esto.
Probablemente buscaba ganar tiempo. Fuentes judiciales revelaron que allegados a Orellana interpusieron un hábeas corpus en la Corte Judicial de Madre de Dios buscando revertir la orden de detención de la jueza Caballero.
Ya anteriormente Orellana obtuvo hábeas corpus favorables en las Cortes de Ucayali y del Santa, en Áncash. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) declaró improcedentes todos estos amparos y una Comisión Evaluadora de la Corte Suprema tomó el control de la Corte de Ucayali para investigar los vínculos del presidente Francisco Boza y Orellana.
Algunas versiones policiales alimentaban rumores sobre una posible fuga del abogado. Orellana no es visto en público desde hace una semana.
El domingo último concedió una entrevista telefónica al programa Cuarto Poder y el lunes 30 habló vía Skype para el programa de Juliana Oxenford en RPP. El impedimento de salida del país recién se hizo efectivo el martes 1.
LA DENUNCIA
La orden de detención preliminar se produce después de una interminable investigación que arrancó en la Fiscalía del Crimen Organizado, en 2010.
Finalmente, la tarde del lunes último, la fiscal Marita Barreto Rivera formalizó denuncia contra Orellana y su organización delictiva.
En el documento, la fiscal Barreto acusa a Orellana de dirigir “una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares, a través de supuestas deudas por préstamos de dinero en efectivo, laudos arbitrales fraudulentos, empresas liquidadoras, cooperativas y medidas cautelares en Lima y provincias”.
Entre las víctimas que cita la fiscal figuran la Fundación por los Niños del Perú, el Hospital Hermilio Valdizán, la SUNAT, el club Alianza Lima, las Municipalidades de La Victoria, Miraflores y San Borja; la ex Compañía Peruana de Teléfonos (Cervatel), la Marina de Guerra, el Scotiabank, entre otros.
Barreto adjunta como elemento probatorio clave el informe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), elaborado en el 2012, que determinó que “Orellana y sus familiares más cercanos recibieron, entre junio del 2002 y diciembre del 2011, dinero en efectivo de terceros en distintas cuentas bancarias por un total de US$ 2,329,179 vinculados, principalmente, al tráfico ilícito de drogas”. CARETAS 2296 – Orellana Reglaje SAC.
JUGADA DECISIVA
En setiembre del 2010, a pedido de la procuradora Julia Príncipe, las múltiples investigaciones contra Orellana por tráfico de terrenos, estafa, apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir fueron acumuladas en una sola y compleja investigación por lavado de activos en la Cuarta Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada, a cargo de Luis Arellano.
Dos años después, Arellano archivó la investigación por “falta de pruebas” y filtró el documento de la SBS al propio investigado, lo que permitió que Orellana denunciara al superintendente de la SBS, Sergio Espinoza.
En ese entonces, uno de los asesores del exfiscal de la Nación, José Peláez, era Daniel Ramsay, socio de Orellana en la fraudulenta cooperativa Coopex.
En abril del 2013, la fiscal superior Isabel Flores declaró infundado el fallo de Arellano y ordenó que la investigación a Orellana por lavado de dinero prosiga.
El caso pasó a la Segunda Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, a cargo de Amalia Vega, quien nombró como su adjunta a la fiscal Marita Barreto.
El 25 de abril de este año, sin embargo, Peláez removió a Vega y puso en su lugar a Eduardo Esgúsquiza, un fiscal provincial transitorio, es decir de rango inferior. Egúsquiza, sin embargo, mantuvo en su equipo a la fiscal Barreto.
Dos meses después, en junio pasado, Egúsquiza solicitó un mes de vacaciones y el caso quedó paralizado hasta hace una semana, cuando la adjunta Marita Barreto logró que la nombren titular de dicho despacho.
A la valiente Barreto apenas le tomó unos días formalizar la solicitud de detención preliminar contra Orellana y su red que elevó a la jueza Caballero.
De hecho, la captura del expresidente regional de Áncash, César Alvarez, y sus vínculos con el caso ‘La Centralita’, a mediados de mayo pasado, colocaron a Orellana en la palestra. Y entonces empezó la cuenta regresiva.
Este caso ha puesto en duda la propia legitimidad del fiscal de la Nación, Carlos Ramos, por su presunta cercanía con Orellana. Su captura permitirá dilucidar hasta dónde llegaron los vínculos de Orellana en el Ministerio Público, el Poder Judicial y en otras instituciones del Estado.
“Cuando todos (prensa, sociedad civil y operadores de justicia) cumplen su función, se impone la justicia”, tuiteó el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu.
El martes 24 pasado, con la presión mediática a cuestas y el cerco político estrechándose a su alrededor, Orellana anunció que desistiría de las querellas que interpuso contra una veintena de periodistas. Un alarde de victimización tras cuatro años de acoso judicial y una infausta campaña mediática contra fiscales, jueces, congresistas y hombres de prensa que finalmente llega a su fin.
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