Cerca de seis mil millones de dólares al año mueve el lavado de activos en la economía peruana. Según un estudio elaborado por la consultora Macroconsult, realizado a pedido de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, dicha actividad representa en la actualidad entre el 2.5 y el 6.3% del Producto Bruto Interno, PBI, del Perú.
Para el blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, señala el informe, las organizaciones criminales utilizan desde depósitos bancarios hasta transferencias de dinero a través de la Internet y casas de cambio informales, así como las inversiones en casinos, tragamonedas y agencias de viaje.
En una nota publicada hoy por el diario Perú21, se señala que el estudio, el cual recoge además algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establece que, ante la imposibilidad de determinar con exactitud el monto de estas transferencias, se ha establecido un rango de entre US$3,250 y US$5,720 millones por año.
La investigación indica que la modalidad más frecuente para el blanqueo de dinero es a través de una red de personas, a quienes se les llama ‘pitufos’, que hacen depósitos bancarios menores de US$10 mil, monto máximo establecido para cualquier transferencia bancaria sin estar sujeta a supervisión financiera.
“Las consecuencias del blanqueo de dinero se observan en la fuerte volatilidad del tipo de cambio y en las tasas de interés y el aumento de precio de los inmuebles, lo que genera inestabilidad en el sistema financiero”, dijo Luis Alberto Arias, de Macroconsult.
En tanto que el presidente ejecutivo de Devida, Rómulo Pizarro, añadió que “mientras más desarrollado esté nuestro país, más difícil será detectar el lavado de activos”.
El trabajo de detección de las organizaciones y personas dedicadas a la ilícita actividad se ve aún más dificultado por la trabas burocráticas y legales.
En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –encargada del rastreo de los movimientos irregulares de dinero– no tiene acceso a la información bancaria y algunas veces debe esperar hasta un año para lograr el levantamiento del secreto bancario de las empresas y personas investigadas. Y peor aun, el estudio reporta que no existe en la Fiscalía o en el Poder Judicial el seguimiento a los informes elaborados por esta entidad.
La falta de peritos especializados también cuenta entre los obstáculos y, de hecho, entre la Fiscalía y la Policía no son más de 20 los especialistas. Esto, sin dejar de lado la precariedad de la capacitación de las autoridades judiciales para el tratamiento del tema.
Más grave aún es el hecho de que la implementación del nuevo Código Procesal Penal puede, según Arias, debilitar la investigación sobre este delito pues “se ha establecido un plazo máximo de ocho meses para esta labor, pero la complejidad del delito amerita un mayor tiempo”.