El anuncio de la instalación de cuatro bases antidrogas en el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) y en el Huallaga es un hito importante en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Las zonas donde estarían ubicadas estas nuevas instalaciones son estratégicamente vitales: San Francisco es el corazón del VRAE, desde donde se conectan, por tierra y por río, a todos sus rincones. Es la parte urbana más importante, formada por los distritos de Ayna (Ayacucho) y Quimbiri (Cusco).
La segunda estaría en Boca Mantaro, es un centro poblado ubicado en el extremo norte del valle, en el río Ene (región Junín). Desde 1983 se encuentra literalmente tomada por Sendero Luminoso, que tiene su centro de operaciones en las montañas de Vizcatán. Recuperar esta zona históricamente abandonada por todos los gobiernos, de donde nunca fueron expulsados o derrotados los terroristas, será una tarea muy dura y, posiblemente, sangrienta. Pero se tiene que hacer si queremos erradicar a los narcotraficantes y a sus siameses los terroristas.
Con estas bases, la Policía Antidrogas tendrá un dominio territorial de todo el valle. Le permitirá tomar el control no sólo de las zonas productoras de la pasta básica de cocaína, sino también de las rutas de salida y entrada de los insumos químicos.
En el caso del Huallaga, las bases estarían ubicadas en el centro poblado de Maravilla, es decir, en el centro del Monzón, y en Cachicoto, que es la parte baja del valle. Ambas zonas son altamente sensibles por la presencia de las «firmas» de narcotraficantes.
En general, el Monzón es la principal zona productora de coca ilegal de todo el Huallaga. Aquí las reglas de convivencia las dictan los sicarios y narcotraficantes.
Debemos recordar que varias veces la policía ha intentado instalarse en el Monzón, pero las protestas de los cocaleros ilegales hicieron retroceder a la autoridad. Esta vez no puede repetirse esa trágica historia y la decisión política y el estado de derecho deben imponerse sobre los intereses del narcotráfico.
La tarea impostergable y urgente del Gobierno en las cuencas cocaleras es garantizar condiciones mínimas de seguridad, para que los proyectos de desarrollo y la inversión privada sea para el cocalero una oportunidad de insertarse en la economía legal.