Las irregularidades policiales se acrecientan durante el paro nacional

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Las manifestaciones en muchas partes del país continúan siendo reprimidas por las fuerzas policiales. A la fecha, unas 10 regiones presentan 74 puntos con tránsito vehicular interrumpido por acciones colectivas de protesta en todo el territorio nacional. 

Al centro norte del Perú, en la entrada de la carretera Puente Rancho–Chaglla–Rumichaca, en la región Huánuco, desde temprano comenzaron a alzarse las voces de protesta, que inmediatamente fueron reprimidas por la Policía. Ante ello, la ciudadanía hizo un llamado, vía redes sociales, a las instancias en defensa de los derechos humanos, ya que se han reportado, en el primer día de la semana, alrededor de 50 detenciones arbitrarias en dicha región. 

En esa misma línea, la violencia ejercida contra los ciudadanos de regiones, que previamente viajaron y siguen en ruta hacia la capital para manifestarse en contra del Gobierno se mantiene. En la región Puno, las autoridades provinciales y distritales, exigen la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Lo anterior se debe a que miembros de la delegación del Altiplano, así como de Ayacucho y Arequipa, denunciaron haber sufrido violencia física y maltrato psicológico por parte de efectivos policiales, cuando fueron retenidos a la fuerza, durante el último fin de semana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), lugar donde pernoctaban. 

En total, más de 200 personas, incluyendo estudiantes que apoyaban en la recaudación de donaciones para los compatriotas de regiones, fueron conducidos a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). “Al momento que nos han detenido, a la mayoría nos han golpeado, a una señorita toda la blusa le han roto”, declaró una ciudadana tras ser liberada. 

Según el acta de la intervención, la cual no contó con presencia fiscal, detuvieron a 196 personas en el campus. De esa cifra, a 192 bajo los presuntos delitos contra el patrimonio y los cuatro restantes se les consideró sospechosos por terrorismo. Sin embargo, la documentación no precisó los hechos bajo los cuales han sido imputados. Finalmente, luego de casi 24 horas, la Fiscalía comunicó la liberación de 192 estudiantes y ciudadanos de regiones que estuvieron alojados en el campus universitario, a excepción de uno de ellos por tener requisitoria.

En el grupo de estudiantes y residentes sanmarquinos investigados figuraron Lucía Garay Arenas, Leani Alejandra Vela Guitierrez, Diani Gianella Vivar Espinoza y Marco Trello Torres. Este último habría sufrido tortura, según relató una de las universitarias, quien se encontraba sin poder caminar tras ser liberada por la Policía. “¡Lo están torturando a Marco, por favor, pido por él!”, exclamó entre lágrimas. El pedido de auxilio para su compañero fue registrado por otros manifestantes, que también alertaron sobre el estado de salud de la joven. 

 

¿Qué irregularidades policiales se cometieron en San Marcos?

Aldo Pecho, antropólogo e investigador del Instituto de Defensa Legal – Seguridad Ciudadana, conversó con Inforegión y explicó algunas de las irregularidades de la intervención policial contra la decana de América. 

“La Policía lo interpreta como flagrancia delictiva, porque dice que este inmueble se ha usurpado y dentro del Código Penal la usurpación de una propiedad solo se puede hacer mediante una destrucción o alteración de este inmueble, que no hubo, y como se sabe, el Consejo Universitario dio autorización para que se ingresara finalmente a manifestantes”, explicó. 

Asimismo, el especialista consultado dio detalles sobre la vulneración al derecho a la defensa durante el operativo mencionado, que incluyó un caso de agresión por parte de la PNP contra la abogada de IDL, Cruz Silva, quien acudió a la casa de estudios superiores en defensa de los detenidos. 

“La labor de defensores de derechos humanos ha sido obstruida. En primer lugar, a la compañera Cruz Silva la golpeó la Policía y no se le permitió ingresar al campus para estar al lado de las personas detenidas; entonces allí, también se está violando el proceso de no permitir un acompañamiento especializado”, señaló. 

Liberación de detenidos en San Marcos. Foto: Sandro Mairata

En el marco del paro nacional, Pecho también resaltó la situación de violencia que enfrentan los ciudadanos quechuahablantes, desde su llegada a Lima para ejercer su derecho a la protesta. “En un contexto de protesta multirregional, y sobre todo, de comunidades aymaras, quechuas; vemos que no existe una justicia con enfoque intercultural, y eso también demuestra la intencionalidad política del operativo”, consideró el antropólogo. 

“Hay una cuestión muy arbitraria, antojadiza por parte de la Policía, ambigüedad por parte de las autoridades universitarias y evidentemente entre ambas y el Gobierno. Esta ha sido una intervención con un cauce totalmente político. Esta es una operación que no tiene nada de policial, es un uso sistemático de amedrentamiento por parte del Gobierno, usando a la Policía como un brazo político, más que como un brazo de cuidar el orden”, agregó. 

Reportan ternas en las calles de regiones 

Las detenciones arbitrarias no son la única modalidad para intervenir y criminalizar a los manifestantes. El despliegue del “Grupo Terna” toma fuerza en las calles y es utilizado en las regiones, como en Moquegua, donde los ciudadanos han denunciado que estos efectivos encubiertos buscan infiltrarse en las protestas. 

“Son jóvenes que están en condición de civiles y están haciendo uso de vehículos oficiales de la Policía Nacional en esta zona”, informó el medio de comunicación local Radio Americana. Como se sabe, esta unidad de policías no usa identificación y no ha recibido entrenamiento para el control de manifestaciones. Por lo tanto, dificulta el proceso de investigación de posibles violaciones de derechos humanos. 

No obstante, pese a que, luego de las marchas de noviembre en el 2020, se evaluó una posible desactivación del grupo de inteligencia táctica de la PNP debido a las detenciones irregulares, aún no se ha aprobado ninguna disposición oficial que prohíba su intervención durante las protestas. 

Asimismo, al centro sur del país, se sabe que la Policía ha autorizado el apoyo de civiles violentos con palos y piedras para enfrentar a los manifestantes que se encuentran en el sector El Álamo, en Ica. “¡Vengan a apoyar a la Policía!”, exclaman algunos de los civiles presentes en un video, registrado por el medio La Lupa, donde se observa cómo estos agreden verbalmente a ciudadanos que intentan continuar transitando por la vía pública.

Mientras tanto, en el distrito La Joya, región Arequipa, los ciudadanos han denunciado a los uniformados de cometer destrozos contra sus domicilios. «No hemos hecho nada. Todo lo han malogrado, como si yo fuese delincuente», denunció con indignación una vecina de la zona.