El adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, lamentó que 38 oficinas a cargo del control y la prevención de los delitos forestales en ocho regiones amazónicas registren serias deficiencias que hacen difícil su labor fiscalizadora.
Durante el programa Diálogo Ambiental de INFOREGIÓN, el funcionario comentó el Informe Defensorial 151, denominado “La política forestal y la amazonia: avances y desafíos en el camino hacia la sostenibilidad”, documento que revela la falta de condiciones para el comercio legal de la madera.
“Para elaborar este estudio se supervisaron 81 oficinas del Ministerio de Agricultura, Sernanp y las oficinas especializadas de ocho gobiernos regionales. Se ha supervisado las oficinas de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali y Madre de Dios”, indicó.
En otro momento, explicó que de las 38 oficinas regionales que registraron deficiencias, apenas seis están en buen estado operativo, y solo tres poseen camionetas en condiciones de funcionar.
“Tienen muy poco personal, en promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones de territorio es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione, ni se controle nada”, expresó.
Lanegra consideró que para resolver la situación se debe elevar el nivel jerárquico de la autoridad nacional forestal dentro del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura debe culminar y aprobar la política nacional forestal y otros instrumentos de gestión indispensables para que el Perú pueda preservar sus bosques y las comunidades nativas tengan un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
También demandó que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente dispongan un proyecto de ley de ordenamiento territorial.