La Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) sólo tiene facultad para investigar presuntos actos de corrupción e iniciar acciones administrativas en organismos del Ejecutivo, mas no así en los que se presenten en el Congreso o gobiernos regionales y locales, en los que sólo podrá emitir una opinión, admitió hoy la flamante jefa de dicho organismo, Carolina Lizárraga.
“Soy un brazo del Ejecutivo para que haga una mejor estrategia anticorrupción. Habrá independencia cuando se trate de las investigaciones y habrá dependencia cuando haya que ayudar a hacer un mejor trabajo», dijo al detallar las funciones que desempeñará esta oficina creada por Decreto Supremo bajo la jurisdicción de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Lizárraga precisó que la ONA actuará sólo cuando existan casos escandalosos y de envergadura, como las irregularidades en el Seguro Integral de Salud (SIS) y la frustrada compra de patrulleros y pertrechos para la Policía Nacional, y destacó que sus investigaciones tendrán un carácter administrativo pues no tiene facultades para citar a personas.
Con ello, descartó interferencia y duplicación de funciones de la ONA con instancias como la Fiscalía o la Contraloría, como han adelantado ya los titulares de ambos organismos, sobre todo Gladys Echaíz, Fiscal Suprema, quien ha reiterado la inconstitucionalidad del Decreto Supremo de creación y se encuentra evaluando presentar una demanda en su contra.