La tala ilegal es una forma de delincuencia organizada internacional que opera con métodos similares al tráfico de drogas y armas. Socava el estado de derecho de un país y representa una amenaza significativa pues alienta el desarrollo de grupos criminales.
Así lo revela el informe Justice for forests a and forest peoples realizado por el Banco Mundial en el que se describe como los troncos originarios de la Amazonía, son traficados y blanqueados por métodos similares al narcotráfico y provocan una corrupción de alto nivel.
Los métodos implican prácticas sofisticadas y fraudulentas llevadas a cabo por redes criminales internacionales que generan redes de corrupción a nivel regional e internacional. Obtienen importantes beneficios y evasión fiscal a gran escala, señala el documento.
El diario estadounidense The New York Times, en un reciente reportaje, hizo eco del informe y destacó que las operaciones de tala ilegal a gran escala en el Perú están ligadas a una corrupción de alto nivel y redes de crimen organizado.
A raíz de la publicación, Francisco Berrospi, exfiscal Ambiental de Ucayali, declaró en un medio local, que la tarea de proteger a la Amazonía resulta complicada porque ésta no solo es azotada por taladores ilegales, sino también por malos funcionarios.
De la misma forma, reconoció que varios jueces y fiscales no están capacitados en temas medioambientales y se encuentran en la orfandad de recursos humanos y logísticos para enfrentar una criminalidad que el considera incluso más poderosa que el narcotráfico: el poder de la madera.
Las declaraciones del exfuncionario ratifican el estudio efectuado por la Interpol que revela que las mafias de la tala ilegal blanquean el dinero en bancos e instituciones financieras mediante la inversión en empresas legítimas que les permita operar en algunos sectores de la economía.
El estudio: Impactos económicos de la tala y comercio ilegal de maderas en el Perú, de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), indica que la tala ilegal abarca un amplio espectro de modalidades y constituye un accionar criminal que destruye los bosques en una apuesta por un futuro de muerte.
Las modalidades van desde el aprovechamiento maderable en áreas naturales protegidas hasta el cambio de uso del suelo donde principalmente, la actividad ilícita, se concentra en la extracción selectiva de especies con fines comerciales.
Por ello, la tala ilegal, aunque representa para la población rural una fuente de ingreso inmediato a mediano y largo plazo significa n impacto negativo por mermar el capital natural, así como también por incrementar los conflictos y la violencia social.
Una comprensión de la tala ilegal y el comercio asociado
Una hoja informativa del ex Instituto de Recursos Naturales (Inrena) -ahora Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)- define la tala ilegal como la “actividad ilícita para obtener recursos de flora sin contar con los permisos, concesiones y autorizaciones forestales y sin planes de manejo aprobados”.
Por otro lado, la hoja de ruta Towards an Improved Understanding of Illegal Logging and Associated Trad, sustenta que la tala no autorizada en zonas calificadas o autorizadas por la ley es tala ilegal.
La mayoría de los expertos en la hoja de ruta coinciden en que el registro que se realiza sin los permisos requeridos o violando los términos de estos también es ilegal.
Sin embargo, pese a las concepciones de qué es tala ilegal, la falta de especificidad en el volumen de ella, y el comercio asociado que se produce, reflejan el desafío de monitorear y documentar fenómenos difíciles y peligrosos de investigar.
JUSTICIA PARA LOS BOSQUES
La hoja informativa: Mejorar los esfuerzos de justicia penal para combatir la Tala Ilegal (Fact Sheet: Justice for Forests. Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging) recomienda a los responsables políticos, al sector forestal y a los actores legales, usar la justicia penal para los bosques a fin de luchar con eficacia.
Por su naturaleza ilegal es difícil de estimar cuantitativamente el tamaño de la tala ilegal pero se presume que en el Perú el volumen de madera ilegal supera en mucha proporción a la cantidad legal autorizada.
El estudio estima que el comercio ilegal de madera genera entre 10 y 15 millones de dólares al año, dinero que en su mayoría es controlado por el crimen organizado, libre de impuestos y que se utiliza para pagar a funcionarios corruptos del gobierno en todos los niveles.
De la misma forma, reflexiona que cada dos segundos un área del tamaño de un campo de fútbol es deforestado por los madereros ilegales, llegando incluso, en países como Perú y Bolivia, a ser hasta un 90 por ciento de toda la tala, ilegal.
EL ORO ROJO QUE SE EXTINGUE
En la hoja de ruta antes citada, Towards an Improved Understanding of Illegal Logging and Associated Trade (Hacia una comprensión mejorada de la tala ilegal y el comercio asociado), y de acuerdo con los datos Global Trade Atlas, entre el 75 y el 80 por ciento de las exportaciones de caoba peruana ingresa a los Estados Unidos.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund o WWF) afirma que la gran mayoría de las exportaciones de caoba en el Perú son cosechadas ilegalmente de las áreas protegidas y de las reservas indígenas.
El Gobierno del Perú estima que el valor de la caoba ilegal que sale de los puertos peruanos, supera el comercio de la caoba legal peruana en un factor de tres.
Finalmente, Traffic, un programa conjunto del Fondo Mundial para la Naturaleza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) infiere que las importaciones de productos forestales ilegales en Estados Unidos están creciendo debido al fuerte crecimiento del comercio documentado (Elizabeth Hinostroza/ Servindi).
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