La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las sanciones administrativas y medidas judiciales que favorecen al presidente de Ecuador, Rafael Correa, y a su gobierno, en contra de periodistas y medios ecuatorianos en una medida tendiente a censurar las críticas.
Es sabido que la periodista Janet Hinostroza y el canal Teleamazonas fueron sancionados el 8 de agosto por la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por «linchamiento mediático», delito contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación de ese país.
Teleamazonas deberá pedir disculpas públicas en todos los espacios del canal y la misma cantidad de veces que se difundió la información sancionada por la Supercom. Hinojoza, que dirige el programa «Desayunos de 24 horas», fue amonestada por «incumplir» con las reglas concernientes al ejercicio profesional, incluidas en la Ley. Teleamazonas anunció que demandará ante la justicia la nulidad de la resolución.
La amonestación escrita ocurrió pocos días después que el presidente Correa fustigara durante su alocución sabatina a la periodista y al canal por haber cuestionado el proceso de subasta de medicamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública, informó la SIP.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, expresó su preocupación «por el aceitado sistema de instituciones estatales que se pone en marcha para defender al presidente Correa toda vez que él fustiga a sus críticos».
Comentó además que «se trata de un privilegio inaudito al mejor estilo monárquico que demuestra no solo la intolerancia a la crítica, sino la dependencia de los organismos estatales y del Poder Judicial a los intereses del propio Presidente».
Respecto al Poder Judicial, se alertó sobre una nueva sanción que favorece al presidente Correa. Se conoció una nueva orden judicial que le prohíbe salir del país al periodista Fernando Villavicencio, imponiéndosele, también, el embargo de bienes y cuentas por incumplir el pago de más de US$ 140 mil a favor de Correa. La indemnización fue impuesta en 2013 tras ser condenado por el delito de injurias contra el presidente.
En otro incidente que afecta la libertad de expresión, un monitoreo de Fundamedios contabilizó 806 denuncias contra 292 cuentas de Twitter que fueron bloqueadas, suspendidas o les borraron mensajes, por supuesta violación a las reglas de la red social. Según Fundamedios, muchas de esas cuentas eran críticas al gobierno de Correa.