Uruguay es el primer país del mundo en legalizar la producción y venta de la marihuana de modo completo. Al ratificar el Senado recientemente una ley aprobada previamente en la Cámara de Diputados ha dado un paso trascendental, que es perforar la prohibición mundial establecida hace más de 50 años mediante un tratado internacional.
El experimento es también inédito por el tratamiento del mercado de la nueva droga legal, el mismo que no será libre, sino tendrá en el Estado el asignador de la oferta a través de redes estatales, con registros de consumidores y con el precio de los cigarrillos sometidos a carga impositiva. Para el efecto, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana o sus derivados a través de un organismo estatal, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que dependerá del Ministerio de Salud Pública.
La legalización se complementa con otras medidas como la compra en farmacias autorizadas por consumidores registrados y el acceso a través del autocultivo personal de hasta seis plantas y un máximo de 480 gramos por cosecha al año o el cultivo en clubes con membresía, con mínimo de 15 socios y un máximo de 45, y un número de plantas proporcional con un máximo de 99.
No habría que perder de vista que esta norma se produce en el marco de la lucha de Uruguay contra el delito y contra la violencia que produce el narcotráfico en sus actividades vinculadas al tráfico de otras drogas como las derivadas de la coca. En ese sentido, la legalización busca reducir las utilidades de las bandas dedicadas al negocio de la droga y reducir la criminalidad.
El modelo de legalización debe ser analizado. Se trata en primer término de una apuesta de política pública relacionada a una droga considerada poco dañina, de bajo costo y de un consumo no tan extendido. Antes de Uruguay, algunos estados de EEUU y Holanda habían aprobado otras modalidades de legalización con resultados diversos.
La reacción a la decisión ha sido marcada por la distancia de los países vecinos, la mayoría de los cuales han adelantado que no imitarán a Uruguay, el rechazo de los organismos internacionales como la Oficina para las Drogas y Delitos de las Naciones Unidas (ONUDD), y la adhesión de una parte importante de la sociedad civil partidaria de la legalización hace varios años. En ese panorama destacan las declaraciones del Presidente de Guatemala, quien afirmó que la iniciativa uruguaya deber ser vista como ejemplo para América Latina.
La despenalización uruguaya está llamada no obstante a ser no solo un suceso nacional porque inaugura un proceso distinto, el de la legalización unilateral de las drogas contra la percepción predominante que estimaba que la única vía posible era la despenalización universal.
Es imposible que la decisión uruguaya no tenga efectos en el Perú, donde ha aumentado la actividad de los despenalizadores, que se han agregado a los tradicionales defensores del carácter sagrado de la hoja de coca, con el argumento de que coca no es cocaína. En nuestra discusión, sin embargo, el tema de fondo no es el consumo de marihuana sino la producción y consumo de las drogas cocaínicas, que debido a su bajo costo son de fácil acceso. Nuestra realidad es distinta, la de un país gran productor y crecientemente consumidor de drogas.
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