El pasado 16 de marzo una inesperada resolución del Ministerio de Justicia, publicada en el diario oficial “El Peruano”, designó al desconocido abogado Augusto Morales Herrera (46) procurador adjunto antidrogas del Ministerio del Interior, uno de los cargos más importantes en la lucha contra los capos del narcotráfico, los grandes comerciantes de insumos químicos que trabajan en este ilícito negocio y el blanqueo de dinero sucio. El Comercio, luego de conocer este nombramiento, indagó en el pasado del hoy defensor del Estado y encontró más de una sorpresa que hoy publicamos.
Este procurador, nombrado durante las últimas horas como ministro de Justicia del cuestionado Aurelio Pastor, ha pasado totalmente desapercibido en los predios judiciales y policiales a pesar de haberse convertido en el número dos después de la procuradora antidrogas Sonia Medina, quien representa al Estado en los procesos penales contra el narcotraficante Fernando Zevallos “Lunarejo”, el ex alcalde de Coronel Portillo Luis Valdez y los Sánchez Paredes, entre otros procesados.
¿Pero quién es Morales Herrera? Este Diario ha confirmado que dicho letrado, vinculado al Partido Aprista, hasta hace algunas semanas laboró como integrante del gabinete de asesores del actual ministro del Interior, Octavio Salazar. No solo eso.
Las fuentes también revelaron que el hoy procurador adjunto antidrogas figura como gerente general de la empresa Codificación y Logística E.I.R.L. (cuyo nombre comercial es Laboratorio Codilog), una corporación que aparece inscrita en el Registro Único de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción, donde se incluyen a empresas que corren riesgo de ser captadas por las mafias que buscan desviar sus insumos a la elaboración de droga.
El abogado del Estado en procesos contra el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de productos químicos ilegales es gerente de una empresa que utiliza el insumo químico conocido como metil etil cetona.
Este material, además de servir a la industria, también es utilizado por el narcotráfico para elaborar la droga. Las fuentes del caso revelaron que ni el ministro Octavio Salazar, ni el Consejo de Defensa del Estado (que propuso la elección de dicho letrado), ni la procuradora Sonia Medina Calvo fueron informados por Morales Herrera de este claro conflicto de intereses. Y menos conocían que Morales, quien llegó al estratégico cargo por sus evidentes conexiones partidarias, hasta ahora figuraba como gerente de Codificación y Logística.
Esta empresa, que tiene a Morales Herrera como su gerente desde hace cinco años, funciona en la calle Gamma 252, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Inició sus actividades en el 2005 con 67 mil soles y luego aumentó su capital a casi 100 mil soles en el 2006, según Registros Públicos.
Este Diario visitó la sede de Codificación y Logística y halló un inmueble de cuatro pisos. En ese lugar preguntamos por el hoy procurador antidrogas y también gerente de esta empresa. Allí nos dijeron que no lo conocían y que quizá lo podríamos ubicar en la sede administrativa ubicada en la calle Omicrón 587, a solo unas cuadras de ese local.
Cuando preguntamos a qué rubro se dedicaba Codificación y Logística, nos contestaron que trabajan en la “impresión de papel”. Luego este Diario fue a la dirección indicada , un inmueble de dos pisos, donde dijeron sí conocer a Morales. “Solo viene una vez al mes, figura como gerente, pero el verdadero dueño es otra persona”, nos indicaron.
No informó a superiores
El Comercio finalmente conversó con el procurador adjunto para recoger sus descargos. Él dijo haber sido dueño de la empresa antes citada hasta que la transfirió a terceras personas.
También reconoció que esta compañía —que según Morales se dedica al armado e impresión de cajas, aunque su nombre comercial es Laboratorio Codilog— estaba inscrita en el Registro de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción.
Fuentes judiciales expresaron su preocupación por este nombramiento, pues Morales participará en los procesos por narcotráfico como abogado del Estado. Este hecho, que ha caído como baldazo de agua fría en los círculos antinarcóticos, sorprendió a la procuradora Medina, quien dijo no haber sido informada del tema.
Las fuentes revelaron que la situación del abogado se complica porque él nunca comunicó su situación mientras era asesor del Ministerio del Interior, aun cuando la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod) depende de esta cartera y está vinculada con la administración y control de los insumos químicos decomisados al narcotráfico.
Morales —que fue nombrado por Aurelio Pastor a propuesta del secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán Martínez— tampoco ha presentado su hoja de vida y su declaración jurada de bienes y rentas ante su inmediata superior y al nuevo ministro de Justicia, Víctor García Toma.
Esta información se conoce cuando es grande la expectativa sobre lo que ocurrirá con el caso de los Sánchez Paredes, denunciados por lavado de activos, y sobre la reacción que tendrá la procuraduría antidrogas ante una posible decisión adversa para el Estado
Reacción inmediata
Consultado por El Comercio, el ministro de Justicia dijo que hoy mismo evaluará el tema y, “si el señor Morales no ofrece un argumento convincente, tomaremos la medida del caso”.
“Me preocupa porque se trata de un puesto estratégico y de confianza que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que nos preocupa a todos”, dijo.
Pueden desviarse
La Ley 29037 establece que los químicos sujetos a fiscalización son la acetona, ácido clorhídrico o muriático, amoníaco, benceno, carbonato de sodio, metil etil cetona, kerosene, óxido de calcio, entre otros.
Es un disolvente químico que está fiscalizado, pero que no tiene que ver con el clorhidrato.
Del consultor:
Debemos ser transparentes
Rubén Vargas, experto en temas de narcotráfico
Considero que sí hay incompatibilidad y un claro conflicto de intereses entre el funcionario que representa al Estado [ex asesor del Ministerio del Interior y hoy procurador adjunto antidrogas Augusto Morales Herrera] y su desempeño como gerente general de una empresa que utiliza un insumo químico fiscalizado que puede ser desviado al narcotráfico.
Es como si la procuradora antidrogas Sonia Medina o el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigieran una casa de cambio de moneda extranjera y se mantuvieran en sus cargos, cuando precisamente luchan contra el narcotráfico que utiliza estas empresas para lavar dinero.
Creo que el funcionario ha cometido una grave irregularidad, ya que debió informar sobre su situación, más aun por la penalidad que deriva del delito de desvío de insumos químicos. En la lucha antidrogas, como en Devida o en Dirandro, debemos ser totalmente transparentes.
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