El 10 de octubre del 2011, en su discurso de toma de mando en La Campiña, Chorrillos, el entonces flamante director de la Policía, general Raúl Salazar, delimitó así las prioridades de su gestión.
“Se delinque por uno o por más soles. Igual es un sol o miles de soles. Y aquí voy a ser drástico, porque tengo consignas permanentes del gobierno central de erradicar la corrupción de la Policía”.
Es enarbolando este argumento, la lucha contra la corrupción, que Salazar –bajo órdenes directas de Palacio de Gobierno, qué duda cabe– ha ejecutado el reciente relevo masivo de 98 comisarios de Lima y de otros 400 del interior del país (CARETAS 2272).
La medida, por cierto, ha socavado a una institución con serias carencias y agravado el caos en tiempos de crisis.
Quizá por ello nadie advirtió lo que ocurría en las propias instalaciones de la Dirección General de la Policía (Dirgen), en Córpac, San Isidro.
La remodelación
El 29 de octubre pasado, el general Salazar ordenó convocar a un concurso público para remodelar las oficinas de la Dirgen, en el tercer piso del edificio de Córpac.
La falta de recursos logísticos, como se sabe, es un problema de marca mayor en la Policía, al punto que hay puestos policiales que no tienen el mobiliario mínimo y menos computadoras.
No es el caso del despacho del Director de la Policía, claro está. Pero el propio Salazar contó a CARETAS, durante una entrevista el año pasado, que se vio obligado a llevar algunos muebles de su casa a la Dirgen porque los que allí había ya estaban muy viejos.
El 19 de noviembre, la Dirección de Logística de la Policía (Dirlog) le otorgó la buena pro a la empresa Constructora Alemar Contratistas Generales SAC, según documentos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Los ambientes remodelados por dicha compañía fueron la oficina de Salazar, su comedor privado, el despacho de su secretario personal, la ayudantía y el salón de conferencias.
Por ese trabajo, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía desembolsó S/. 110,000, de acuerdo a la OSCE.
No está claro si con dicha remodelación Salazar pudo recuperar los muebles de su casa, pero todo indica que la empresa Constructora Alemar conocía bastante bien las instalaciones de la Dirgen.
Ocurre que, según documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), la empresa le pertenece a Nathalie Perea Mendoza (46), la esposa de quien fuera el secretario personal de Salazar y actual agregado policial en Colombia, el coronel PNP Gino Coletti Dávila (53).
Coletti se desempeñó como secretario del Director de la Policía desde octubre del 2011 hasta marzo del año pasado, cuando partió a Bogotá.
“Era el brazo derecho de Salazar”, señaló un alto oficial de la Policía.
La Constructora Alemar Contratistas Generales SAC fue fundada por su esposa en sociedad con Sheilla Ledesma Mendoza en diciembre del 2003, de acuerdo a la SUNARP.
Perea figura como socia mayoritaria de la empresa con 6,400 acciones, mientras Ledesma aparece con 1,600 acciones.
Tal parece que el trabajo de remodelación en la Dirgen fue del agrado de Salazar, pues éste le adjudicó a la empresa otro contrato entre gallos y medianoche: el servicio de mantenimiento y refacción de la estructura y piso de madera de la piscina de la sede central del Comité de Damas de la Policía, cuya presidenta es su propia esposa, por S/. 39,902.
Los documentos de la OSCE indican que la buena pro para realizar el mantenimiento de la piscina le fue otorgada a la Constructora Alemar en la víspera de Año Nuevo.
Más contratos
Pero allí nomás no queda la cosa. Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la empresa Constructora Alemar ganó el año pasado otras tres licitaciones de menor cuantía en la VII Dirección Territorial Lima, en la Dirección de Sanidad, y en la Dirección de Economía y Finanzas por un total de S/. 102,296.59.
Del mismo modo, en el 2011, mientras el coronel Coletti era secretario personal de Salazar, la compañía obtuvo tres contratos con la Policía: en la VII Dirección Territorial Lima (S/. 339,208), en la Dirección de Instrucción y Doctrina (S/. 158,715) y en la Dirección de Economía (S/. 10,000), de acuerdo al MEF.
El artículo 10 de la ley de contrataciones del Estado prohíbe a los familiares de funcionarios públicos, incluidos militares y policías en actividad, realizar negocios con el Estado.
Lo explica Mary Ann Zavala, subdirectora de la dirección técnica de normatividad de la OSCE. “Un funcionario cualquiera, no puede participar en procesos de selección que convoque la entidad en la que labora. Pero además del impedimento, la prohibición se extiende a su esposa, conviviente, y familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad”, afirma Zavala.
CARETAS se comunicó telefónicamente con el general Salazar y éste aseguró que desconocía que la Constructora Alemar le pertenecía a la esposa de su ex secretario personal.
“En este momento ordenaré a la Inspectoría General que realice una investigación profunda para determinar qué otros altos oficiales han utilizado a sus familiares para hacer negocios con la Policía. Sepa que yo no me caso con nadie. Acá rodarán cabezas”, declaró Salazar.
Pero hay quienes consideran que es improbable que Salazar no haya estado enterado del asunto.
“Es muy difícil que Salazar no lo supiera”, sostiene el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. “Este es uno de los métodos más antiguos de corrupción en la institución. Algunos oficiales, a través de testaferros, crean empresas proveedoras para beneficiarse de los contratos de la Policía. Se supone que la OSCE o la Contraloría fiscalizan las licitaciones, pero por lo general sólo revisan si los papeles están en regla. Y eso es todo”.
El jefe de la Dirección de Logística (Dirlog), coronel Nicolás Cayo, dijo a CARETAS que si la OSCE aprueba a la empresa postora “nosotros ya no tenemos nada más que hacer”.
En Colombia
CARETAS se comunicó telefónicamente con el agregado policial en Colombia, coronel PNP Gino Coletti, pero éste no quiso declarar sobre los negocios de su esposa.
“¿Qué tiene que ver conmigo? No puedo dar ningún tipo de opinión”, dijo luego de lo cual colgó el teléfono.
Del mismo modo, los numerosos intentos por entrevistar a la señora Perea de Coletti fueron infructuosos.
En su casa de San Borja, una empleada doméstica dijo que “la señora no está. Se encuentra de viaje en Bogotá”.
Pero cuando reporteros de esta revista acudieron a las cuatro direcciones que la Constructora Alemar consigna en SUNAT se alegó que Perea de Coletti “estaba ocupada”.
El pasado 21 de enero, un fotógrafo de CARETAS acudió a la dirección ubicada en el Jr. Lloque Yupanqui 872 y 878, en Jesús María.
De pronto, dos mujeres salieron del inmueble, amenazaron al periodista y le arrebataron su cámara. “¡Carajo, a esta empresa está prohibido tomarle fotos! No sabes con quién te estás metiendo”, azuzaron.
Luego de un tenso forcejeo en medio de la calle, una de las mujeres recibió una llamada a su celular luego de lo cual dijo: “Nathy dice que lo dejemos ir. Que se vaya” (Américo Zambrano, Eduardo García).
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