Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55% de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras.
El informe, realizado por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) peruanas y que fue presentado a la prensa extranjera en Lima, revisa de forma pormenorizada los diferentes conflictos sociales y ambientales causados por la extracción de minerales en el país, detalla la agencia EFE.
José de Echay, miembro de la ONG Cooperación, explicó que «el objetivo es proporcionar una información rigurosa que permita buscar soluciones a los conflictos», pues se constató un marcado déficit de información “y una tendencia a caricaturizar el conflicto», argumentó, en alusión a quienes ven en estos problemas una “oportunidad”.
El informe plantea la necesidad de crear una autoridad ambiental independiente y autónoma, que permita «certificar de manera imparcial» cómo afectan a las poblaciones la labor de las mineras. Según Echay, la evaluación ambiental debería ser estructural y tener «una mirada más global», no sólo de proyectos individuales, lo que permitiría conocer, por ejemplo, «si a Perú le interesa que la zona de Majaz (Piura) se convierta en un distrito minero».
El informe presentado, en el que también colaboraron las ONG Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), busca también rescatar «la participación ciudadana» y ver el desarrollo de las personas por medio de los derechos, como forma de salir de eventuales conflictos.
El miembro de Cooperación puso como ejemplo la diferencia que existe entre el conflictivo norte del país y el sur, donde las mineras están logrando acuerdos con la población a través de «los procesos de diálogo que está creando esa agenda, que permitiría que la minería se desarrolle».