La minería ilegal

El gobierno trabaja intensamente para estructurar las bases de una nueva minería responsable, con pleno respeto al ambiente y a los derechos que tiene la población de vivir en un entorno saludable y, por supuesto, el derecho al control social.

Este esfuerzo requiere, en principio, hacer respetar el Estado de derecho y lograr el cumplimiento del ordenamiento jurídico y territorial existente, que rigen todas las actividades productivas en el país (específicamente la explotación minera), para alcanzar altos estándares de calidad y de conservación de nuestros recursos naturales.

Esto implica enfrentar la minería ilegal, que ha venido causando incalculables pérdidas al Perú, operando en 21 de las 25 regiones. Ha destruido miles de hectáreas de bosques naturales, en zonas protegidas y en concesiones mineras invadidas. Tampoco paga impuestos y está aliada a otras actividades ilícitas como el narcotráfico y la trata y tráfico de personas.

Con los ingresos que perciben, los mineros ilegales tratan de infiltrarse y corromper todos los niveles y organismos del Estado para obstaculizar el accionar del gobierno y lograr un statu quo que le permita continuar con sus operaciones.

Ante una realidad así, que se inicia hace 45 años y se consolida en la década de 1990 debido al alza importante de los minerales (particularmente del oro), el gobierno ha decidido enfrentar este fenómeno con diferentes medidas.

En principio, con la dación de disposiciones legales y con operaciones de interdicción. El nuevo marco legal establecido por los decretos legislativos 1098, 1099 y 1100 permite y regula las acciones de interdicción en toda la república, específicamente en Madre de Dios y en Puno, y la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis, Suche y otros. Es decisiva la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Con la creación de la oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, se consolida lo avanzado mediante coordinación transversal, con ministerios, entidades públicas, gobiernos regionales y locales, empresas y sociedad civil.

Esta oficina ha concebido, para acompañar las acciones de interdicción, una estrategia integral que considera la inclusión de Madre de Dios dentro del régimen especial de control de hidrocarburos y la suspensión de la emisión de nuevas licencias para la instalación de grifos.

Asimismo, se incluyen rutas fiscales y la instalación de unidades especiales integradas por la PNP y el Ministerio Público, para evitar la salida del oro ilegal en los aeropuertos de Madre de Dios, Cusco, Puno y Juliaca. A ello se suman la creación de un registro único de usuarios de mercurio y cianuro; dos bases de la PNP –una en Ananea (Puno) y otra en Madre de Dios– y, por último, la participación de la Fiscalía de Lavado de Activos para confiscar la maquinaria empleada en esta actividad.

Tenemos el reto histórico de combatir la minería ilegal. El presidente Ollanta Humala en su mensaje a la Nación del 28 de julio último, expresó “la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, lacra que viene depredando nuestro medio ambiente y destruyendo nuestro patrimonio nacional”. En esa tarea estamos, con firmeza y convicción.