A siete años de la entrega del Informe Final de la CVR, el doctor Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, realiza líneas abajo, una necesaria reflexión sobre el periodo de violencia armada vivido en el país y los pasos que se han dado para desterrar toda forma de exclusión y subordinación y llegar a ser una sociedad de mujeres y hombres libres .
Han transcurrido siete años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final sobre el periodo de violencia armada experimentado por el país.
En este aniversario son muchas las consideraciones que cabría hacer sobre el tipo de sociedad en que hoy vivimos y el escaso aprendizaje realizado a partir de la memoria histórica sobre esos años.
Pero en primer lugar se impone un acto de reconocimiento dirigido a las víctimas, peruanas y peruanos que todavía no son reivindicados como corresponde por parte del Estado y de la sociedad.
Son principios básicos de convivencia tales como la solidaridad, la compasión y la valoración de la dignidad propia y ajena los que fundamentan esa obligación de brindar reconocimiento sin reservas a las víctimas.
El tiempo que ha pasado desde la presentación del Informe debería haber sido suficiente para que ciertos aprendizajes maduraran y dieran lugar a acciones institucionales y a transformaciones en nuestros usos y costumbres.
Eso no ha ocurrido, a pesar de que el país cuenta con un relato pormenorizado de los hechos y, junto con ello, de una amplia y profunda interpretación de los defectos de nuestra sociedad y nuestro Estado que los hicieron posibles.
Cabe afirmar que por la amplitud de los datos que aporta y por las interpretaciones que realiza con rigor y desde principios vinculados con la democracia y el humanitarismo, el informe final ofrece un retrato crítico y abarcador de nuestra historia contemporánea: una historia en la cual los peruanos hemos incurrido en muchos errores y omisiones en la tarea de construir un Estado moderno que corresponda a una sociedad democrática.
De esa historia así reconstruida surgen lecciones morales y también cursos de acción y propuestas de reformas. No es por el limitado deseo de conocer el pasado que una sociedad decide hacer memoria de periodos oscuros de su historia, sino porque al hacerlo puede extraer de allí el impulso y el conocimiento para llevar a cabo transformaciones necesarias.
Así, el aprendizaje posible de nuestra memoria de la violencia podría habernos llevado –y debería llevarnos—a colocar bajo una luz muy crítica las utopías revolucionarias armadas que siempre hacen pagar el costo a los más pobres así como someter a cuestionamiento las ideologías autoritarias que valoran más el orden que la vida humana.
Se halla, en esa historia, un reclamo de transformación de nuestro Estado y de sus autoridades, un cambio hacia una nueva forma de relación con la sociedad de la cual se desprenda una legitimidad política más sustantiva.
Pero también encontramos ahí la necesidad de transformaciones en nuestra vida cotidiana como ciudadanos: el destierro del racismo, del culto a las jerarquías sociales y de la tolerancia al autoritarismo y la arbitrariedad.
El informe final habla a muchos sectores y apela a diversos lenguajes. No cabe olvidar en medio de esa variedad lo relativo a una institución muy importante de nuestro país como son las Iglesias y el papel de defensa de la vida que cumplieron mayoritariamente, siendo leales al legado moral de Cristo.
En medio de las complejas circunstancias de la vida nacional, y ante una deuda todavía impaga hacia las víctimas, a esas Iglesias corresponde seguir cultivando esos valores de caridad y compasión, de preocupación por los pobres y desvalidos, que son centrales en su identidad, como lo es el Quinto Mandamiento del cristianismo, aquel que nos dice “no matarás”: ese es un mandamiento que nos llama respetar sin reservar no solamente la vida física sino también la vida espiritual.
Es necesario que ese mensaje sea todavía mantenido en alto en medio de una sociedad tan expuesta, en su ámbito político, al cinismo, el oportunismo y la amoralidad.
Finalmente, hay que decir que el Informe Final que se presentó hace siete años es, además de un repositorio de mensajes y llamados a la acción, un documento que existe al servicio de las víctimas: no solamente para que el Estado obre ante lo ahí dicho, sino también para que las víctimas encuentren ahí un sólido apoyo y estímulo a sus propias demandas como ciudadanos.
De eso se trató, finalmente, el esfuerzo de memoria realizado por el país: de dar un paso más hacia el destierro de toda forma de exclusión y subordinación para llegar a ser una sociedad de mujeres y hombres libres y dueños de sus vidas y de sus propios proyectos y sueños.
(*) Rector emérito de la PUCP y presidente del Idehpucp.