Podría quedar como un hecho policial más, pero la incautación de 400 kg de cocaína de alta pureza por un valor de US$ 200 millones en el mercado negro, realizada en Barranca, constituye otra expresión de la infiltración creciente del crimen organizado en el Estado peruano.
Por un lado, el vehículo que transportaba la cocaína que se iba a embarcar por la playa Colorada, era conducido por Danilo Silva, quien estuvo vinculado al cartel de Tijuana y preso en Huacho entre 2001 y 2011, cuando el ex presidente Alan García le conmutó la condena de quince años por narcotráfico.
Es uno más de los lamentables ‘narcoindultos’. No se puede concluir que el ex presidente García se beneficiara económicamente por estas gracias –a diferencia de otros funcionarios de su gobierno–, pero no hay ninguna duda de su grave responsabilidad política en estos hechos que van a perjudicar su intento de volver a Palacio de Gobierno.
Pero esa no es la única vinculación con la política de esta incautación. El propietario del vehículo, y cuñado y vecino del chofer que transportaba la droga es Alberto Tapia, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía provincial de Barranco. La policía no dda de su participación en este caso de narcotráfico y el fujimorismo optó por separarlo.
Otra vez, no se puede concluir por este hecho que exista una vinculación de la actual dirigencia del fujimorismo con el narcotráfico, pero sí es una expresión más de la irresponsabilidad con que esta agrupación política recluta a sus candidatos.
Es, la verdad, un fenómeno que ocurre en casi todos los partidos y movimientos políticos peruanos, los cuales carecen de filtros para evitar que se conviertan en plataformas capturadas en las regiones, provincias y distritos para que el crimen organizado las use para el avance de sus objetivos.
El avance creciente de la gran actividad ilegal y delictiva en marcha en el Perú –minería, tala, narcotráfico, transporte, etc.– requiere de la colaboración de municipios provinciales y distritales, gobiernos regionales, el Congreso, el Ejecutivo, la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre muchas otras instancias públicas y privadas que llegan hasta el periodismo.
El presidente del JNE ha reconocido que es imposible verificar las hojas de vida de los cien mil candidatos que buscan un puesto en la próxima elección municipal y regional, mientras que un comunicado del JNE y de la ONPE ha alertado del avance del crimen organizado como amenaza a este proceso electoral.
No hay duda de que el crimen organizado busca más poder y de que el próximo domingo 5 de octubre lo va a conseguir. Las mafias están capturando el Estado peruano.