El distrito de San Marcos, ubicado en la provincia de Huari, región Ancash, es conocido tradicionalmente como “el Paraíso de las Magnolias”, aunque en realidad desde hace años es más conocido como “el Paraíso del Canon”, dado que es el distrito que recibe más beneficios del canon minero que cualquier otra ciudad del país, gracias a la presencia de la empresa minera Antamina: solo en el 2012, esta localidad recibió nada menos que 308 millones de soles por este concepto, superando así a muchos presupuestos de algunos distritos de la misma capital.
A pesar de esta riqueza, la población de San Marcos sigue en su mayoría sumida en la pobreza, repitiendo lo que ocurre en muchos distritos y provincias que se benefician del canon; esto es, la presencia de autoridades que no cuentan con las capacidades o competencias suficientes para un manejo adecuado de estos fondos, y con un MEF que limita en demasía la gestión de los mismos para evitar –por lo menos en el papel- su uso indebido. Lo cierto, sin embargo, es que a pesar de este buen deseo del Ministerio de Economía, lo que ocurre en la realidad es que los fondos del canon minero –no solo en San Marcos, sino también en la mayoría de zonas que se ven “beneficiadas” por este mecanismo- se han convertido en el botín preferido de un conjunto de mafias que incluyen a contratistas, sindicatos, correligionarios y familiares de las autoridades locales, a las que no les importa ser sometidos a juicios, revocatorias o vacancias con tal de llenarse los bolsillos rápidamente.
Este escenario –que lo podemos encontrar hoy en diversas regiones del país- es el que vive hoy el distrito de San Marcos, dividido por un enfrentamiento abierto entre el exalcalde de este distrito, Oscar Nemesio Ugarte Salazar, y el nuevo encargado del sillón municipal, Julio Máximo Blas Rímac. Apenas el pasado 18 de febrero, y amparado en una supuesta orden judicial no consentida, el exalcalde Ugarte tomó por la fuerza el Palacio Municipal de este distrito, desalojando al nuevo alcalde y a todo el personal, para atrincherarse en su interior por más de 20 días. Hoy, el alcalde Blas Rímac ha vuelto a ocupar el cargo con apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, pero se ve enfrentado a una denuncia jalada de los pelos promovida por su antecesor que solo mantiene la incertidumbre sobre la gestión local, paralizando sus posibilidades de sacar adelante a su distrito.
EL CASO ALEXIS
Lo cierto es que los antecedentes del ex alcalde Ugarte no han sido del todo buenos desde que ingresara a ocupar el sillón municipal del distrito de San Marcos para el período 2011-2014. En agosto del 2012, por ejemplo, el diario Perú.21 denunció que solo unos días después de que Ollanta Humala fuera elegido jefe de Estado, su hermano Alexis Humala viajó al distrito de San Marcos en compañía de los congresistas Josué Gutiérrez y Walter Acha, para ofrecer sus “buenos oficios” a las autoridades locales, tal como lo había hecho en su conocida viaje a Rusia.
Tras dicha reunión, el consorcio formado por Ceba S.A. Y L & G Contratistas Generales S.R.L. se adjudicó la obra de construcción de la barrera dinámica (malla de acero para evitar la caída de piedras del cerro) del barrio de Huallanca, en San Marcos, valorizada en nada menos que 2.7 millones de soles, sin pasar por un proceso de contratación pública y tras la firma del Acuerdo de Concejo N° 028-2011-MDSM-A que exoneró la construcción de la malla del proceso de selección. Casualmente, Ceba S.A. fue la compañía con la que se asoció a Fabrizio Pimentel, amigo de Alexis Humala. Cabe agregar que, de acuerdo a diversas investigaciones en cursos, se sabe que con el ingreso del gobierno nacionalista, dicho empresario ha ganado contratos con el Estado por más de 7 millones de soles cuando antes de julio del 2011 solo había facturado 49 mil soles.
A inicios de setiembre del 2012, cuando se supo de este hecho, el entonces alcalde Ugarte negó en diversos medios el tener la protección del hermano del presidente Ollanta Humala, señalando que nunca había invitado a Alexis Humala a su distrito y que solo se había tomado una foto con aquél durante las fiestas patronales, indicando a su vez que los opositores a su gestión solo tergiversaban lo ocurrido con la finalidad de vacarlo. Sin embargo, en ese entonces el alcalde Ugarte dejó de mencionar un hecho por demás contundente sobre esta relación: que la prima hermana de Alexis y Ollanta Humala, Carla Humala Ortiz, trabajaba como contadora del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Pública del municipio, entidad que –como veremos luego- se convirtió en la piedra en el zapato del alcalde.
MI FAMILIA PRIMERO
Ya desde septiembre del 2011, un grupo de ciudadanos de San Marcos presentaron ante el JNE una primera solicitud de vacancia contra el alcalde Ugarte, señalando que éste había contratado como servidores del Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Pública financiado por dicho concejo a varios de sus familiares, entre ellos a sus padres Gregorio Ugarte Anaya y Martina Aurelia Salazar Salazar, y a sus hermanas Lucia Aurelia y Gloria Maruja Ugarte Salazar. Sin embargo, inicialmente el Concejo de este distrito declaró improcedente este pedido, mediante Acuerdo de Concejo No. 037-2011-MDSM/A. Posteriormente, a inicios del 2012 se volvió a presentar una solicitud en similar tenor, siendo nuevamente rechazada mediante Acuerdos de Concejo No. 018-2012-MDSM/A, 020-2012-MDSM/A y 022-2012-MDSM/A.
Ante ello, los solicitantes apelaron estos acuerdos ante el JNE, solicitando expresamente que el alcalde Ugarte presente los documentos originales o por lo menos copias certificadas de sus descargos. Sin embargo, en una sucia jugada, Ugarte intentó presentar documentos fraguados en los que se excluían a sus padres y hermanas de las planillas de pago y de las listas de tareos, incluyendo la adulteración de firmas y huellas digitales, incurriendo así en el delito de falsificación de documentos.
Ante esta evidente falta, y considerando las pruebas presentadas por los denunciantes, el Pleno del Jurado emitió, el 10 de setiembre del 2012, la Resolución No. 074-2012-JNE, declarando fundados los recursos de apelación y revocando los Acuerdos de Concejo antes mencionados, declarando fundadas las solicitudes de vacancia contra Oscar Ugarte por haber incurrido claramente en la causal de nepotismo estipulada en la Ley Orgánica de Municipalidades (art. 22º, numeral 8), al haber contratado a sus padres para que laboren como brigadistas en el Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Municipalidad. Asimismo, ordenó que el regidor Julio Blas Rímac asuma la alcaldía distrital de San Marcos hasta el término del mandato.
Sin embargo, ésta no era la única irregularidad existente sobre dicho programa municipal. De acuerdo a investigaciones realizadas por Cuarto Poder, entre el 2011 y 2012, la gestión del alcalde Oscar Ugarte había destinado una partida de 130 millones del canon minero de su distrito para solventar el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Pública, dejando de lado inversiones para mejorar las condiciones del colegio principal y del hospital local. Gracias a ello, a través de este programa se empleaba a más de la mitad de la población de San Marcos (aproximadamente 9 mil personas) en labores de limpieza de calles, parques, carreteras y otros trabajos sencillos sin ninguna supervisión, con un sueldo de 600 soles quincenales. Inclusive las denuncias señalaron que muchos de los servidores de este programa también estaban inscritos en programas como Pensión 65 o Juntos, permitiendo que recibieran un doble ingreso por parte del Estado.
Claramente entonces, este Programa constituía un mecanismo populista y demagogo, a través del cual el alcalde Ugarte buscaba ganarse el apoyo incondicional de la población mediante dádivas “laborales” y evitar así cualquier denuncia de sus malos manejos presupuestales, tal como mostraba su vinculación con Alexis Humala.
EL INTENTO DE RETORNO
Increíblemente, el 22 de octubre el ex alcalde Ugarte presentó ante el JNE un recurso de reconsideración reafirmando que los documentos que había presentado a su favor eran los verdaderos, y no los presentados por quienes solicitaron su vacancia. Asimismo, denunció que quienes presentaron la solicitud de vacancia en su contra lo habían hecho ante su decisión de anular un contrato con la ONG CICAP por 100 millones de soles para el desarrollo de programas de riego tecnificado en San Marcos, buscando desvirtuar la veracidad de su demanda.
Paralelamente, Ugarte presentó ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima una acción de amparo solicitando se declare la nulidad del JNE al haberse afectado du derecho al debido proceso, a pesar de saber que, por mandato de la Constitución, las decisiones del JNE son irrevisables en sede judicial. No obstante ello, el juez Ricardo Chang Racuay, a cargo de dicho juzgado, resolvió inicialmente a favor del ex alcalde Ugarte, suspendiendo de manera irregular los efectos de la decisión del JNE.
Sobre la base de esta decisión, el ex alcalde Ugarte tomó a la fuerza la sede municipal de San Marcos en febrero pasado, asumiendo una actitud de prepotencia que mostraba sus verdaderas intenciones de ocultar sus malos manejos y aferrarse en el cargo. Incluso el alcalde a cargo, Julio Blas, denunció que ya un mes atrás, un emisario del benjamín de los Humala le exigió la adjudicación de algunas obras y, como rechazó el pedido, le dijo que “se atuviera a las consecuencias”. En dicha oportunidad, Blas debió permanecer escondido por motivos de seguridad, ya Ugarte no solo contaba con el respaldo de diversos funcionarios de la comuna, sino también con el apoyo de algunas autoridades policiales.
Finalmente Ugarte volvió a salir de la municipalidad, pero no sin antes intentar una nueva jugada contra su sucesor. Para ello, en octubre del 2012, un grupo de pobladores de San Marcos planteó una solicitud de vacancia contra Julio Blas cuando ejercía el cargo de regidor, por un motivo aparentemente similar al de Ugarte; esto es por nepotismo, solicitud que sin embargo fue rechazada por Acuerdo de Concejo No. 040-2012-MDSM del 22 de noviembre de dicho año. Y es que, a diferencia de lo ocurrido con el ex alcalde, los documentos mostrados por los solicitantes solo hacían referencia a que la hija de Julio Blas, Emma Miriam Blas Cadillo, había laborado entre los periodos del 14 al 27 de junio del 2011 en el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Pública.
Cabe señalar además que, a diferencia de lo ocurrido con Ugarte, la posición de Blas no le permitía tener injerencia en la contratación de personal para dicho programa, ni esta contratación se produjo durante el período que éste asumió la Alcaldía. Por tanto, la denuncia debe entenderse claramente como un intento por desestabilizar la gestión de Blas para permitir el regreso de Ugarte, a pesar de la clara decisión adoptada por el JNE.
LA INCIERTA SITUACIÓN EN SAN MARCOS HOY
En la actualidad, el ex alcalde Ugarte se encuentra sometido a investigación fiscal por la comisión de delitos contra la administración pública y usurpación de funciones, mientras que el juez Chang Racuay viene siendo investigado por la OCMA por presunta inconducta funcional y prevaricato a raíz de la queja interpuesta por el JNE. Asimismo, sobre Ugarte pesa la denuncia Nº 202 – 2012 por el delito de Lavado de Activos, en la que se encuentra vinculado conjuntamente con medio centenar de personas entre su ex Funcionarios, familiares y testaferros, proceso que viene siendo conducido por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ello debido a las múltiples amenazas recibidas por los discales del Distrito de San Marcos. De esta manera, hoy se vienen investigando sus cuentas bancarias, desbalance patrimonial, recientes adquisiciones de bienes inmuebles en el país, maquinaria pesada, así como por la compra de lujosos vehículos.
Otra denuncia importante que pesa sobre el ex alcalde es la que viene tramitando la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por el delito de concusión y otros, en agravio de la Municipalidad de San Marcos, a cargo del Fiscal Gerardo Cerna Emiliano. A ello debe añadirse un conjunto de investigaciones que tiene la ex autoridad edil ante la Fiscalía Provincial Mixta de San Marcos por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, omisión y rehusamiento de deberes funcionales, así como por el delito de Apropiación Ilícita, en agravio de particulares y de la municipalidad distrital. Como vemos, un prontuario digno de una autoridad corrupta.
Por su parte, el actual titular del cargo, Julio Blas, permanece en el sillón municipal, pero no por ello la incertidumbre reina en este paraíso. Y es que, como señalamos arriba, aún pesa sobre el actual alcalde de San Marcos la denuncia por nepotismo presentada por Ugarte, intentando con ello mostrar que entre ambos no existen mayores diferencias. Sin embargo, las distancias entre uno y otro son notables: si bien es cierto que Blas pudo haber accedido a la contratación de su hija (cuestión que nunca ha negado, pero sobre el cual ha hecho un deslinde claro), este no ha intentado defenderse mediante pruebas falsas o manipuladas, no pesan sobre él denuncias por corrupción o malversación de fondos ni existen indicios de que este encabece alguna red de corrupción, todo lo contrario a lo que muestra la hoja de vida de Ugarte.
Por ello, consideramos que lo que merece hoy San Marcos es una mayor tranquilidad en la gestión de su gobierno local, ya que de otro modo la población perderá la posibilidad de beneficiarse, de manera adecuada, de los ingentes recursos con que cuenta para su desarrollo. Por otro lado, es necesario implementar mecanismos que permitan una mayor vigilancia de la sociedad civil sobre el uso de los fondos municipales, además de cambiar la cultura clientelista de la población para que pueda plantearse objetivos tangibles y duraderos para la mejora de su calidad de vida. Los pobladores parecen olvidar que los beneficios de la minería no son para siempre, y que de aquí a 10 o 20 años pueden haber perdido una oportunidad dorada para convertirse en un pueblo próspero. Mientras tanto, 308 millones de soles duermen el sueño de los justos, dinero que puede servir para beneficio del pueblo o de autoridades corruptas. El JNE tiene la decisión.
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