En artículo publicado en el diario El Comercio y que reproducimos a continuación, el investigador principal del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica, Fabian Novak, aborda el espinoso tema de la legalización de las drogas. Tras presentar ejemplos de algunos países que iniciaron un proceso de legalización de las drogas y terminaron retrocediendo por el incremento del consumo y de la criminalidad, pide que antes de legalizar las drogas en el país se analice la consistencia científica y técnica de la propuesta y sobre todo si es aplicable a un país como Perú, productor y exportador de drogas.
El Comercio. En algunos medios de comunicación vienen apareciendo algunas voces a favor de la legalización de las drogas en el Perú, en la creencia de que bajo este esquema terminaría el narcotráfico en nuestro país, así como la violencia asociada a ella. Sin embargo, si se analiza la evidencia empírica existente, se puede concluir que varios países que iniciaron un proceso de legalización de las drogas terminaron retrocediendo por el incremento del consumo y de la criminalidad.
Otro grupo de países descartó esta posibilidad ante las evidencias científicas de los efectos nocivos de drogas como la marihuana; mientras que un último grupo de países que han implementado políticas liberalizadoras han tenido luego que ajustarlas y hacerlas más estrictas, obteniendo algunos resultados positivos en el campo de la salud, pero sin resolver el problema del cultivo, tráfico y el de las mafias criminales.
Esto sucedió con los Países Bajos que, en los cuatro años siguientes de aplicar su política de legalización, se cuadriplicó el consumo de drogas por los jóvenes, el número de adictos a la heroína se triplicó, el número de adictos al cannabis se incrementó en 25%, el número de coffee shops donde acuden los consumidores pasó de 30 a 300 en una década, los disparos de armas se incrementaron en 40%, los asaltos en 69% y los robos de coche en 62%.
Todo lo cual obligó a ese país a modificar su legislación y hacerla más estricta, no obstante lo cual no han logrado aún superar los problemas provocados por el consumo de drogas en el campo social y en el de la seguridad, por la presencia del crimen organizado y el contrabando, y se han arrestado además a 4.000 personas por año por producir cannabis.
Recientemente, en el 2009, debido al aumento del consumo de drogas blandas entre los alumnos de Rotterdam, 27 coffee shops fueron cerrados (esto es, la mitad de los establecimientos que actualmente operan en dicho municipio), mientras que en la ciudad de Ámsterdam, los drogodependientes son los responsables del 80% de las faltas a la propiedad en dicha ciudad.
En el caso de Suecia, la legalización provocó el incremento de los delitos, de las enfermedades mentales y la violencia social, lo cual motivó un cambio en su legislación, política que ha merecido el respaldo del 80% de la población.
Alaska, por su parte, después de cinco años de haber legalizado las drogas (en virtud de un fallo de la Suprema Corte dado en 1975), se dio cuenta de las nefastas consecuencias derivadas de dicha política (se duplicó el consumo de marihuana entre los adolescentes de 12 a 17 años), y tardó nueve largos años en revertir la situación provocada por la legalización.
En Suiza sucedió algo similar. Se estableció en Zúrich una zona de tolerancia (platzspitz o parque de las agujas) para permitir el libre consumo de drogas, lo que provocó no solo el incremento del consumo de heroína y de marihuana (200%) sino también del homicidio, la pornografía, la prostitución, las riñas entre pandillas y demás lacras vinculadas al mercado negro, el cual lejos de desaparecer se fortaleció.
Una situación similar se ha presentado en otros países como Canadá y Australia, que sería muy largo de especificar.
Por último, en Portugal, si bien la legalización ha reducido las muertes relacionadas a la heroína, cuyo consumo se ha reducido, el de la cocaína y cannabis se ha incrementado, este último en más de cuatro puntos entre el 2001 y el 2007.
Todo esto nos permite concluir que antes de proponer supuestas fórmulas salvadoras verifiquemos previamente si las mismas tienen consistencia científica, técnica y empírica suficiente y, sobre todo, si resultan aplicables a un país productor y exportador de drogas como el Perú.
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