El Perú es uno de los países con más alta victimización en el continente; es decir, con el mayor número de delitos en relación con su población. Hace varios años que encabezamos el ránking, según el Barómetro de las Américas. Esta es una de las razones por las cuales nuestra percepción de inseguridad es tan alta. La otra es la muy baja confianza en la policía y el sistema de justicia penal, responsables de protegernos del delito. Si la calle está peligrosa y los llamados a conjurar sus peligros no cumplen con su función, es natural que nos sintamos inseguros.
Por lo menos el 90% de los delitos de que somos víctimas son de carácter patrimonial, afectan nuestra propiedad. La mitad son robos al paso; un 20%, robos a viviendas y entre 10% y 15%, atracos. El resto son extorsiones y robos de vehículos y partes de autos. Sea que se trate del hurto de un celular o del robo de un vehículo a mano armada, la mayoría de lo robado se revende en mercados que funcionan en todas las ciudades del país, a vista y paciencia de las autoridades y con plena aceptación ciudadana. Esos mercados sirven de lavaderos, pues ofrecen bienes mal habidos como si no lo fueran, con recibo de pago incluido y con seguridad policial en la puerta.
La alta victimización patrimonial responde a dos fenómenos. Primero, el relativo bajo riesgo de que quien roba sea detenido, gracias a la inexistencia de un servicio policial preventivo, solo paliado en parte por los serenazgos. Segundo, la gran oferta de bienes robados. Para reducir el delito callejero, la primera preocupación ciudadana, hay que elevar las posibilidades de ser detenido y eliminar la oferta de bienes mal habidos.
El Gobierno acaba de anunciar que se propone acabar de aquí a noviembre con la venta de bienes robados en tres mercados populares de Lima. Con ese fin ha desplegado a cientos de policías para labores de fiscalización. La iniciativa está muy bien, pero para que no acabe como acabaron anuncios similares con anteriores gobiernos, habría que revisar la estrategia.
Primero, los plazos establecidos no corresponden a la envergadura y complejidad del problema. Lo robado en Lima no se vende en solo tres mercados. El problema, además, no se limita a Lima; es nacional y requiere una respuesta a esa escala. La fiscalización ordenada reducirá las ventas unos días, pero no acabará con esos mercados.
Segundo, no basta la fiscalización policial. Se requiere de investigación criminal de calidad, para dar cuenta de toda la cadena del delito y sus actores. Como con el terrorismo y el narcotráfico, para acabar con el mal hay que desarticular el eslabón más fuerte y no persistir en golpear exclusivamente al más débil, el ratero, sin afectar el negocio. Para esto se necesitan equipos de pocos policías, pero buenos y probos, trabajando con un fiscal. Y se necesita tiempo, paciencia y perseverancia.
Tercero, es imprescindible acompañar estos esfuerzos con una campaña educativa para dejar de comprar robado, pues mientras exista la demanda, seguirá existiendo la oferta. La mejor forma de contribuir a vivir seguros, sin la exposición permanente a ser víctimas de un delito, es no comprar robado.