La congresista de Gana Perú, Verónika Mendoza hizo público sus puntos de vista sobre la actual situación de conflictividad existente entre dos sectores muy definidos: los que defienden la inversión privada (especialmente de la minería) con tal de generar ganancias sin importar el costo, y los que se oponen a las actividades mineras a rajatabla por el temor de que se acabe con un elemento clave para la vida: el agua.
En un artículo publicado en la revista Ideele, Mendoza manifiesta que La movilización social de rechazo a los impactos de la inversión minera en Cajamarca, Apurímac y Áncash “no es fruto de la acción de pequeños grupos políticos que manipulan la conciencia y la voluntad de los pueblos”.
“Es la respuesta a un acumulado de violaciones de derechos, de la imposición de las empresas mineras y del abandono del Estado en la protección y promoción de los derechos de las poblaciones y comunidades locales”, sostiene la parlamentaria oficialista.
En otra parte del artículo, Mendoza afirma que el reto actual consiste en encarar la agenda que plantea la movilización social y que el Gobierno no puede continuar con la lógica heredada de la inversión “como sea y donde sea”.
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