En marzo el viento superó al agua por primera vez. Durante el tercer mes del año, la energía eólica se convirtió en la primera fuente de generación de electricidad de Uruguay, desplazando a la hidráulica hacia el segundo lugar, se informó a INFOREGIÓN.
El 40,96% de la energía en marzo fue generada por el viento, seguido del agua con 38,77%, biomasa de residuos forestales y de cáscara de arroz (9%), térmica (7,65%) y fotovoltaica (4,65%) explicaron el resto, de acuerdo con la información disponible en el sitio web de la empresa eléctrica nacional (UTE).
A finales del 2017 se instalaron más parques eólicos que permitieron a alcanzar dicho logro y acercó al país aún más a las metas propuestas para 2020 en energías renovables, establecidas en la Política Energética (2005 a 2030) de ese país. Hoy Uruguay cuenta con 43 centrales de generación, capaces de abastecer más del 35% de la población.
En una década, Uruguay ha logrado convertirse en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica en América Latina y cuarto a nivel mundial, según el informe «Renovable 2017: Reporte Global», elaborado por el REN 21.
Con ello el Uruguay ha reducido su vulnerabilidad al cambio climático y a las crecientes sequías que afectan las represas hidroeléctricas, así como reducir los costos de generación y cumplir los compromisos firmados en foros internacionales como el de París y Marruecos.
Hoy más del 95% del Uruguay es abastecido con energías renovables: hidráulica, solar, biomasa y eólica. Para alcanzarlo se invirtieron en el cambio de la matriz energética un total de US$ 2.700 millones, de los cuales U$S 1.800 millones se destinaron a infraestructura para energía eólica.
El progreso de la energía eólica en Uruguay se produjo gracias a un conjunto de medidas y condiciones favorables: un esquema de beneficios fiscales, la disponibilidad de recurso eólico, procesos competitivos de contratación transparentes, fuerte red de infraestructura vial, portuaria y de red eléctrica, y fundamentalmente, un consenso político-social que garantiza la continuidad y solidez del desarrollo energético como prioridad de Estado.