Es una verdad cada vez más dolorosa que el tráfico ilícito de drogas afecta en alto grado diversos valores e instituciones básicas en todo Estado social y democrático de derecho, tales como el principio-derecho de dignidad de la persona, la familia, la educación, el trabajo, la paz social, entre otros.
Nuestro país, en su conjunto, participa activamente en esta lucha, coordinando y fortaleciendo las políticas del Estado, así como las estrategias y acciones en sociedad con la cooperación nacional. Esta lucha es diseñada a través de la Estrategia Nacional contra las Drogas, que prioriza el derecho de la sociedad a una vida sin drogas, bajo la conducción de Devida.
Según ese plan, es necesario combatir los cultivos de coca, amapola y marihuana, limitando su uso al mercado de uso lícito o tradicional. Además, es vital que los campesinos de zonas cocaleras tengan ingresos alternativos lícitos con cuidado del medioambiente; acciones en salvaguarda de la salud física y mental de la sociedad, para implantar un estilo de vida saludable; por lo que son prioritarios los programas de prevención y rehabilitación.
De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, las personas involucradas en las citadas zonas de cultivo evidencian escaso nivel educacional (la mayoría de la población campesina escasamente alcanza la educación primaria), por lo que constituye un lineamiento de Política de Estado, promover y consolidar la función de la educación, como elemento fundamental de la prevención.
En consecuencia, con la directa participación del Ministerio de Educación, se debería diseñar, aprobar y ejecutar programas de prevención en la estructura curricular de todos los niveles y modalidades de educación, no solo para la población involucrada en las citadas zonas, sino también para niños, adolescentes y jóvenes del resto del país; para prevenirles de los graves daños que implica el consumo de drogas (El Peruano).