Desde antes del inicio del paro minero contra de los decretos emitidos por el Gobierno para erradicar la minería ilegal, en Madre de Dios se vive un clima de desinformación alrededor del verdadero alcance de estas normas. A esto debemos sumar las exigencias de los dirigentes mineros, quienes a través de documentos piden, por un lado, la derogación de los mencionados decretos y, simultáneamente, aportan modificaciones a las mencionadas normas.
Vayamos por partes: en febrero del 2012 el Gobierno empezó la promulgación de decretos legislativos que establecen la regulación de la interdicción de la minería ilegal en el país, así como las disposiciones complementarias para el ordenamiento de esta actividad. Todo esto, en mérito a la Ley de 29815 (a través de la cual delegan al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal).
Además, se promulgaron decretos que establecen medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y el decreto legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal. Asimismo, se establecieron las medidas de fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos a fin de evitar que sean utilizados por la minería ilegal.
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