El jurista y analista tingalés Cayo Vila Espinoza opinó que la corrupción se ha convertido en el Sida social del Perú por ser contagiosa y está avasallando diversas instituciones del Estado que han caído en descrédito ante la ciudadanía.
Lamentó por ello que la política se ha convertido en una empresa de sociedad anónima en la que quienes aportan dinero para la campaña electoral deben recibir después favores o acceder a cargos públicos.
“Tradicionalmente se ha dicho que la corrupción es un cáncer, pero en mi modo de ver esto ha derivado en Sida porque el cáncer no es contagioso pero el Sida sí”, dijo y agregó que antes los políticos eran soñadores y terminaban pobres porque buscaban el bienestar común, pero ahora se convirtió en una empresa de sociedad anónima.
En declaraciones a INFOREGIÓN, el letrado lamentó que los políticos al acceder al poder contraten en los cargos de confianza a quienes aportaron durante la campaña y no son necesariamente calificados para esos puestos.
Detalló que el cargo político de confianza fue creado con el decreto legislativo 76 durante el gobierno belaundista, el cual fue reglamentado durante el primer gobierno aprisa.
“La política ha venido degenerándose” señaló al recordar que quienes ejercen los cargos políticos como gerentes manejan las chequeras de las instituciones para aplicar los gastos.
Urgen castigos más severos a corruptos
Por otro lado, Vila Espinoza lamentó que los regidores en los municipios no ejerzan su función fiscalizadora, ya sea porque no les interesa o desconocen el funcionamiento orgánico de una institución, y no piensan ni ven que este problema atenta contra la gobernabilidad porque la corrupción hace perder la confianza en las autoridades.
En ese marco, invocó a las autoridades políticas, en especial a los congresistas, presentar proyectos para castigar severamente a quienes se apropien de dinero de la Nación incrementando las penas por delitos de función por peculado, concusión, etc.
Finalmente, criticó que las penas para quienes cometan actos ilícitos dentro de las instituciones del Estado sean de apenas dos años, por lo que después puede volver tranquilamente a seguir laborando en el aparato estatal. “Se aprovechan de la ignorancia del pueblo y engañan, debemos exigir que se cumplan las leyes”, reclamó.
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