En el editorial publicado hoy en el diario La República se señala que el envenenamiento de las aguas del río Opamayo, como consecuencia del colapso de un dique que retenía 21, 420 metros cúbicos de relaves pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica, constituye el accidente ambiental más grave acaecido en el país en los últimos años. Se advierte que el Ministerio del Ambiente debería contar con un mapa de relaves mineros e inspeccionarlos regularmente, pues el problema es que muchos están en abandono y constituyen una amenaza latente.
A continuación INFOREGIÓN reproduce el editorial publicado hoy por el diario La República.
El envenenamiento de las aguas del río Opamayo como consecuencia del colapso de un dique que retenía 21, 420 metros cúbicos de relaves pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica constituye el accidente ambiental más grave acaecido en el país en los últimos años. El derrumbe del dique ocasionó que un alud de relaves se precipitara a las aguas del río Totora (distrito de Huachopampa, Huancavelica), las cuales pasaron al Opamayo, del cual es afluente, contaminándolo a lo largo de 80 kilómetros.
A las circunstancias del accidente, acaecido el 25 de junio, se agrega como agravante el que los habitantes de unos diez poblados que dependen para su sobrevivencia de las aguas del río, pues utilizan sus aguas para beber ellos mismos y sus animales, así como para regar sus sembríos y pescar las abundantes truchas que contenía, no fueran prevenidos hasta días más tarde, lapso en el que estuvieron haciendo uso de las aguas contaminadas.
En la actualidad el Opamayo es un río muerto, como consecuencia de las cantidades de plomo y otros minerales vertidos en sus aguas, lo que ha ocasionado el fin de toda la vida animal que contenía. Miles de truchas se pudren en sus riberas, que requieren de una intervención urgente y continua para ser descontaminadas, y las comunidades necesitan forraje y agua para mantener en vida su ganado y regar sus tierras.
Luego de que se pudo conocer lo ocurrido, representantes del gobierno regional de Huancavelica y miembros del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes han puesto en marcha un plan de emergencia. También la Fiscalía de Prevención del Delito ha tomado muestras del agua envenenada para determinar las sustancias tóxicas que contiene. Y, por cierto, se ha pedido a la población no consumirla.
Al mismo tiempo, Osinergmin ha ordenado la paralización de actividades de la minera Caudalosa Chica, que ha sumado sus esfuerzos a los de las restantes entidades para tratar de paliar los efectos del derrumbe. Se estima que unas 700 personas se encuentran trabajando en la construcción de muros para impedir el avance de las aguas contaminadas y reforzar las defensas, así como iniciar la limpieza de las riberas del río.
Antonio Brack, ministro ambiental, se constituyó en el lugar del accidente, que calificó como muy grave, y anunció severas sanciones a la empresa minera e incluso su cierre si, como se afirma, no puso en marcha de inmediato un plan de contingencia apenas producido el derrumbe del dique.
Por desgracia, todas estas medidas ocurren una vez consumados los hechos. Ojalá que el Ministerio del Ambiente cuente ya con un mapa de relaves mineros y los inspeccione regularmente, pues el problema es que muchos están en abandono, al corresponder a minas que han cesado de operar, constituyendo una amenaza latente.