El gobierno peruano ha informado que el presente año se erradicaron 23,600 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, superando largamente la meta propuesta de 18,000. La cifra de este año supera a su vez las 14,300 hectáreas erradicadas en 2012, en su momento un récord frente a los magros resultados del pasado. En conjunto, en dos años el Perú ha erradicado 38,000 hectáreas, cambiando una historia de reveses.
Esto ha sido logrado merced a una firme decisión política; ella implicó que el país asuma la responsabilidad en esa tarea, modificando las reglas del juego que implicaban que esta era una actividad que interesaba casi de modo exclusivo a la política antidrogas estadounidense y que en esa medida era ella la que financiaba las brigadas de erradicación. Ese modelo de implicancia relativa del país entró en crisis cuando la cooperación de EE.UU. en la lucha contra las drogas empezó a escasear y cuando las organizaciones de cocaleros ilegales presionaron al Estado para retrasar la erradicación o impedir la apertura de nuevas zonas de eliminación de cultivos ilícitos.
En los últimos años se produjeron hechos que han ayudado a cambiar esta historia. La primera de ellas es una mayor intervención del Estado en el financiamiento de la lucha contra las drogas, patentizada por el ejemplo en el Plan de Impacto Rápido (PIR) para financiar actividades y proyectos en las áreas de influencia del narcotráfico. La otra es la deslegitimación de los gremios cocaleros, cuyas relaciones con el narcotráfico y la subversión fueron documentadas.
Otros indicadores que el Estado puede exhibir en la lucha contra las drogas es el desarrollo alternativo cuyas empresas en los últimos 13 años, entre 2000 y 2012, facturaron US$ 813.6 millones y contribuyeron con mejorar los ingresos de 27 mil familias excocaleras.
Este significativo avance, sin embargo, no representa el único indicador importante en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas. Los datos de la ONUDD confirmaron este año que el Perú volvía a ser el primer productor de coca, superando a Colombia, que ha experimentado éxitos en la reducción de cultivos. El Perú va a la vanguardia de otro indicador, el de principal productor de cocaína aunque este dato es estimado por la mayoría de especialistas a la espera de confirmación, en base a la medición definitiva de la producción de coca por hectárea y el ajuste de la cantidad requerida para la producción de cocaína.
Los informes indican una dinámica creciente que consiste en la apertura de nuevas zonas de cultivo de coca en valles no tradicionales, como el del Putumayo, Inambari, Bajo Amazonas, Marañón, San Gabán, Masisea, Contamana y Alto Chicana, entre otros. El Estado se ha mostrado incapaz de impedir la expansión de la frontera cocalera, con los costos que esto implica.
Se puede decir lo mismo del estancamiento de la interdicción. Los índices de decomiso siguen siendo bajos y muy pobres en comparación a los que exhiben los países cercanos, y no llegan a superar las 350 toneladas, que se estima que no son ni el 3% de lo producido. También es el caso del decomiso de insumos químicos, que si bien se ha incrementado apenas supera las 400 toneladas, un porcentaje de décimas frente al volumen que se mueve.
Los éxitos reportados deben ser aquilatados como una expresión de que es posible alcanzar resultados en la lucha contra las drogas. Al mismo tiempo deben conducir a una reflexión sobre las razones de las brechas entre éxitos y fracasos.