Luz María Capuñay Chávez, presidenta de la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima dijo estar a favor de la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa en lugar de la judicialización de los menores de edad integrantes de pandillas que cometen actos delictivos.
Capuñay Chávez, además magistrada de Enlace para los casos de sustracción internacional de menores en el marco de la Convención de La Haya, sostuvo que para que esta desjudicialización de los casos sea efectiva, debe haber participación de la comunidad como los jueces y fiscales.
“Me inclino por la justicia juvenil restaurativa porque se interviene de forma inmediata en el actuar del niño, participa un abogado, un psicólogo y un educador para inmediatamente trabajar con la familia y ver qué soporte tiene el niño desde su familia y decirle al fiscal que los padres están comprometidos (con la corrección del menor) y se le dé la oportunidad mediante el programa para poder trabajar con este chico sin judicializar el caso”.
La magistrado dio estas declaraciones durante la presentación del libro ¿Qué hacer con las pandillas?, documento que recopila una serie de artículos escritos por especialistas en el tema de las pandillas, y que fue editado por el ex ministro del Interior, Gino Costa, y el abogado Carlos Romero, ambos integrantes de la ONG Ciudad Nuestra. El artículo referido a la Justicia Juvenil Restaurativa pertenece a Jean Schmitz
El libro refiere cómo es que los menores llegan a formar parte de las pandillas y destaca que en la mayoría de los casos provienen de familias pobres, disfuncionales, muchas veces víctimas de abandono.
“En este libro se van a poder ver las lecciones aprendidas, no se ve a los chicos como un experimento más, estos chicos tienen sentimientos y necesitan un acompañamiento, un soporte emocional”, precisó Luz María Capuñay.
Asimismo, precisó que nuestro país tiene una amplia legislación, pero que no se cumple, por lo que es necesario que se den las oportunidades y la infraestructura para la aplicación de los convenios suscritos, porque existe una distancia abismal entre la legislación y la realidad.