Representantes de la Junta Nacional del Café enviaron una carta pública a diferentes representantes del Gobierno en la que hacen una serie de precisiones sobre la situación de la economía en el país y el desarrollo del sector cafetalero.
Con relación a los objetivos económicos sociales enumerados en el Marco Macroeconómico Mutianual 2012-2015, aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de mayo último, en el que se plantea reducir la pobreza rural, de 56.1% a 26.8%, advierten que “no serán alcanzables tales metas, si sus ministerios no brindan instrumentos prácticos para su implementación”.
“La mejor herramienta es la organización empresarial de los pequeños agricultores, preferentemente en cooperativas de servicios, cuya operatividad se rige por el Decreto Legislativo 085, el DS-074-90-TR, y las recientes leyes 29683 y 29717. Está en sus manos implementar las referidas leyes, disponiendo que sus funcionarios, especialmente de la SUNAT, las acaten y cumplan”, precisan.
Asimismo indican que “el 85% de los agricultores y ganaderos de nuestro país son pequeños productores, cuyos ingresos netos anuales son insuficientes para salir de los umbrales de la pobreza. ¿Por qué no les brindan similar trato de inafectación del que gozan los peruanos adscritos al régimen tributario de 4ta y 5ta categoría? ¡Si también son peruanos! Está en sus manos acabar con la inequidad para los pequeños agricultores”.
Con relación a la situación del sector cafetalero, manifiestan que “tres millones de peruanos dependen del café; 405 mil hectáreas son cultivadas por 165 mil familias, las cuales invirtieron US$ 2,228 millones de dólares para instalar y hacer productivas sus fincas, cuyo valor de tierras se estima en US$ 1,600 millones de dólares adicionales. Estas inversiones las hicieron en procura de su autoempleo, sin recibir créditos del Estado ni capital extranjero. Las plantaciones se extienden a lo largo de 340 distritos rurales, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema”.
Luego de reconocer el récord de producción y valor de exportaciones en el 2011, “gracias al esfuerzo de las familias cafetaleras, y la coyuntura internacional de buenos precios”, en lo que va del 2012, se juntaron factores adversos, tales como la caída de la producción en 30% (de 7.2 millones de quintales en el 2011, a sólo 5 millones en el 2012) y la contracción de la demanda y los precios nacionales e internacionales.
“Las pérdidas por caída de la producción y la baja de los precios, constituyen un golpe nada soportable para las familias pobres de la Selva Alta, frenando, de esta manera, el movimiento comercial y financiero en todos los pueblos cafetaleros. Esta población cafetalera se verá obligada a buscar trabajo en zonas rurales adyacentes y no deseamos que su sobrevivencia se asocie a inseguridad y conflictividad social de la economía ilícita”, precisa el documento.
Luego del análisis de estos factores, los firmantes proponen una serie de medidas económicas no convencionales, de emergencia, y de carácter inmediato, tales como “la asignación de un fondo especial de US$ 100 millones de dólares, para rehabilitar, mediante podas y fertilización, 50 mil hectáreas de plantaciones viejas, durante el período 2012-2017. Se deberá aplicar con un interés real no mayor al 5%, con periodo de gracia de 2 años”.
Asimismo “la formalización de la propiedad de las tierras de las familias cafetaleras y cacaoteras, a fin de capitalizar sus predios y lograr un desarrollo rural ordenado y sostenible”.
Finalmente solicitaron establecer “con urgencia una mesa de trabajo con las organizaciones representativas, como la JNC, para tratar las soluciones aquí señaladas”.
Firman el documento representantes de diferentes organizaciones cafetaleras de Cajamarca, Cusco, Piura, Junín y Amazonas.