SELVA CENTRAL. Este lunes el Ministerio Público, en compañía de los Sinchis de Mazamari, unidad especializada de la PNP para combatir a los terroristas y organizaciones criminales, allanó las oficinas de la Central Asháninka de Río Tambo (CART) y realizó la detención de su presidente, el líder asháninka Fabián Antúnez; así como el jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa, José Saavedra.
El operativo se llevó a cabo, como parte de la investigación, por la desaparición forzada de cuatro personas durante el paro asháninka en la vía de Puerto Ocopa, localidad ubicada en la provincia de Satipo, Junín, que se desarrolló por más de 16 días a inicios de abril, a raíz del asesinato contra el líder asháninka Santiago Contoricón.
La desaparición de las cuatro personas fue reportada el 15 de abril en el puente de Puerto Ocopa, luego que estas tomaran vías alternas debido a la acción colectiva de protesta acatada, que impidió el tránsito en el lugar, desde el 11 de abril. El mes pasado, la Policía confirmó que los presuntos responsables quemaron y lanzaron al río la moto lineal donde se trasladaban las víctimas.
En esa línea, el Ministerio Público confirmó recientemente, mediante un video y testimonios de testigos protegidos, que las víctimas fueron amarradas y golpeadas durante el paro. Estas son José Valdivia Andamayo (32), Brandom Alejandro Cruz Rojas (19) y los agricultores Erick Cabrera Cáceres (43) y Adrián Asunción Ramírez Fernández (51).
Presidente de CARE con orden de detención
En relación a los acusados en agravio de las cuatro personas se ha emitido una disposición judicial de detención preliminar contra ocho dirigentes asháninkas. Dentro de este grupo está Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), líder indígena reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha en la defensa del territorio y los derechos humanos de los pueblos indígenas de la selva central frente al narcotráfico y la tala ilegal.
De acuerdo a la abogada de CARE, Irupé Cañari, en el caso de las imputaciones contra Pedro Valerio, la orden judicial señala que existen indicios o pruebas posibles que indicarían que el presidente de CARE habría cometido el delito y existe peligro de fuga.
“A él [Ángel Pedro Valerio] nunca se le ha notificado, ni siquiera en calidad de testigo, de imputado, de denunciado, etc, para que se apersone a que rinde su declaración o sea partícipe de las diligencias que disponga la Fiscalía, ni a las oficinas de CARE”, confirmó la abogada de CARE.
Testigos protegidos acusan a presidente de CARE
Por otro lado, el Poder Judicial ha informado que, de acuerdo a la manifestación de los testigos protegidos, el presidente de CARE estuvo los días 14 y 15 de abril en la comunidad nativa de Puerto Ocopa. Asimismo, estos han afirmado que cuando se presentaron las cuatro personas desaparecidas, Pedro Valerio; junto a un grupo de personas, capturaron, violentaron y trasladaron a otros lugares dentro de la comunidad a las víctimas para luego asesinarlas.
No obstante, CARE ha comunicado que en dichas fechas (13, 14 y 15 de abril) su líder se encontraba participando en el XXVII Congreso Ordinario, encuentro organizado entre los miembros del Consejo Directivo, Equipo Técnico de CARE y las comunidades asháninkas de toda la cuenca del río Ene, desarrollado en la comunidad nativa de Puerto Shampintiari, ubicada en el distrito de Río Tambo, entre ocho y a diez horas de Puerto Ocopa.
“La distancia es abismal. No pueden existir testigos protegidos que digan que han visto al señor Ángel, cuando en esas fechas estaba en un Congreso asháninka, y de eso es testigo el propio gobernador de la región Junín, el general del Comando Especial Vraem, y hasta Sernanp”, aseveró Cañari.
¿Qué han manifestado las organizaciones indígenas involucradas?
Sobre el tema, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) ha rechazado la criminalización de los dirigentes y la estigmatización del movimiento indígena. Además, exigen se garanticen las facilidades para la defensa de los líderes y se aseguren sus derechos humanos, mientras dura el proceso.
Por su lado, CARE ha manifestado, a través de un pronunciamiento a la opinión pública, que existe una persecución política contra su presidente. Por ello, la organización indígena accionará legalmente por medio del recurso de apelación, que interpondrá para revocar la medida de detención en contra del líder asháninka Ángel Pedro Valerio.