LIMA. Ayer, la agenda del pleno del Congreso registraba, otra vez, abordar la modificación de la Ley Forestal, así como la derogación de la Ley para investigar delitos contra la vida silvestre como crimen organizado. Previamente, una comisión también agendaba la discusión de la denominada “Ley Piaci”, norma que protege a la población indígena en situación de aislamiento. En medio de la crisis sociopolítica que vive el país, el Parlamento insiste en promover iniciativas cuya aprobación significarán un retroceso en la defensa ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
En tanto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alertaba en su Twitter acerca de estos nuevos debates parlamentarios. Por su parte, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) advirtió que la norma que busca modificar la “Ley Piaci” no sigue un trámite correcto en las sesiones del Parlamento. Es decir, las luces de alerta se volvieron a encender.
Para tener mayor claridad en las implicancias que encarnan estas iniciativas impulsadas desde el Parlamento y de los peligros derivados que conllevan en un contexto conflictivo nacional es que Inforegión entrevistó a Julia Urrunaga, directora para Perú de Agencia de Investigación Ambiental (EIA).
Se sigue pensando en las agendas personales
Como se recuerda en esta semana se lleva a cabo en Canadá la COP15 para la preservación de la biodiversidad y la naturaleza. Mientras tanto, en el Perú, ciertos parlamentarios buscan atentar contra los bosques, la diversidad silvestre y los pueblos amazónicos de acuerdo a intereses particulares. Recientemente, el pleno del Congreso registró en su agenda el debate de normas que aseguran la defensa de nuestros recursos naturales y los derechos de pueblos originarios.
Al respecto, Urrunaga explicó que la agenda del pleno es inmensa, llena de todos los pendientes, incluyendo el proyecto para modificar la Ley Forestal y el que busca anular la ley que permite investigar el atentado a la vida silvestre como crimen organizado. “Entre los pendientes del Congreso, no había forma que se tocaran todos los temas de la agenda, lo cual también es un pretexto para postergar legislatura hasta febrero, lo cual es gravísimo”, alertó.
“Se sigue pensando en las agendas personales y en intereses políticos en vez de lo que necesita el país”, advirtió Urrunaga sobre la actitud que mantiene el Parlamento ante la defensa ambiental. En relación a la coyuntura actual, añade que el modo en que se han manejado estos asuntos nos da una idea de cómo estamos como país.
Urrunaga sostiene que la modificación a la Ley Forestal se ha presentado como una medida que favorecería a los pequeños productores para legalizarlos. “Lamentablemente no es así. Si ese fuera el objetivo hay otras formas de hacerlo donde realmente se canalice el apoyo legal y la validación a estas poblaciones. Esta norma (impulsada desde el Parlamento) lo que facilita es la legalización de gran deforestación ilegal y reduce estándares para que puedan deforestar más fácilmente. Ha habido un intento de manipular y decir lo que no es“, advierte.
De otro lado, recordó el desarrollo de campañas de desinformación para desacreditar la importancia de añadir los atentados contra la vida silvestre en el ámbito de la ley contra el crimen organizado. Esto sucedió “diciendo que se perjudicaría a los pescadores artesanales criminalizándolos y catalogándolos como ilegales. Y la norma hace justamente lo contrario: Entender estos delitos en el plano más amplio, ver lo que está detrás, a quien se enriquece por encima del pequeño, y convierte esto en una organización criminal y una mafia. El actor pequeño, local, no es el que se enriquece”, aclaró.
Esto en realidad está tan claro que, según Urrunaga, se propuso agregar una precisión a la norma aclarando que no aplica a pescadores artesanales que “en sus actividades autorizadas atrapan sin intención especies protegidas”. Urrunaga reiteró que observa una voluntad que intenta proteger a las redes de crimen organizado mediante la desinformación. Desgraciadamente, con iniciativas como la del Parlamento, no se llegará a buen puerto.
Iniciativas para modificar la Ley Piaci vienen de intereses particulares
Cabe recordar que recientemente la Comisión de Descentralización del Congreso registró en su agenda discutir el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR, que plantea modificar la «Ley Piaci», que ya «cumplió 16 años de vigencia y fue producto de un largo proceso de lucha por parte de las organizaciones indígenas y actores aliados», según Aidesep. La entidad recuerda que iniciativas como la que persigue el Parlamento para modificarla «atentan contra los derechos y la vida» de la población indígena en situación de aislamiento.
Al respecto, Urrunaga dijo que “tenemos una ley que nos obliga a consultar todas las normas que afectan a las comunidades indígenas, y convenios internacionales de rango constitucional. Pero el Congreso nunca ha consultado ninguna norma con las comunidades indígenas sosteniendo que no existen los lineamientos”. Esto no les exime de consultar las leyes, sino les obligaría, en tal caso, a sentar los lineamientos necesarios, que deberían ya existir.
Sobre las comunidades indígenas y las protestas actuales, Urrunaga recordó que las iniciativas para modificar la «Ley Piaci» vienen de parte de intereses particulares sin consulta a la sociedad y que no incorporan la opinión de expertos, Estado y organizaciones indígenas. Las comunidades alertan cómo es que se atropellarían sus derechos bajo estos debates en el Congreso. “Esto (encarnado en movilizaciones) es la respuesta de gran parte del país que no se siente representada hace muchos años”, consideró.
Lo anterior, no afecta solo a los pueblos indígenas. “Además de violar derechos indígenas, violan los derechos humanos porque se nos niega el derecho a un ambiente sano, al aire limpio, al agua, al cuidado de los bosques”, explicó. Además, es preocupante el hecho de tener un Congreso en una situación caótica que genere las iniciativas cuestionadas. Esta situación es peligrosa no solo para la flora, fauna y comunidades indígenas: es un problema social, ambiental , económico y político, como hemos visto.
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