Lleva cinco años al frente de la Procuraduría contra el Lavado de Activos. Largos años que le han permitido acumular centenares de investigaciones, las más importantes asociadas con Rodolfo Orellana. Su solitario y corajudo batallar contra este la ha hecho acreedora de una treintena de denuncias, de las que se ha tenido que defender sola, porque el Estado no la defiende.
Ha sido objeto de múltiples campañas de difamación en los pasquines y programas televisivos de Orellana, quien, además, le hace seguimiento a través de Benedicto Jiménez, su principal sabueso, el mismo que acabó con Abimael Guzmán y en los últimos años, en metamorfosis incomprensible, se pasó a las filas del crimen. La cobardía de sus perseguidores llegó al extremo de mandarle sicarios a su domicilio.
Está agotada, pero nada la arredra y no parará hasta ver a Orellana y sus secuaces presos por sus gravísimos delitos. Ni la soledad en la que ha debido dar esta batalla, ni los escasos medios con que cuenta para enfrentar a una de las más grandes organizaciones criminales del país, ni el saber que, a pesar de ser ella la procuradora y Orellana el investigado, es este quien ha tenido, hasta ahora, el aparato de justicia penal a su favor.
Los negocios de Orellana serían múltiples, desde la apropiación ilegal de propiedades, entre las que se incluyen las de la Fundación por los Niños del Perú y del hospital Hermilio Valdizán, hasta la minería ilegal de oro, pasando por el narcotráfico. Estos han prosperado gracias a autoridades venales en múltiples órganos del Estado, especialmente la fiscalía y el Poder Judicial, ante la mirada impasible de sus jefes.
Pero, felizmente cinco años remando contra la corriente no han sido en vano y el esfuerzo es cada vez menos solitario. Muchos periodistas, hoy perseguidos judicialmente por Orellana y defendidos por el ex procurador Julio Arbizu, gracias a un convenio del Instituto Prensa y Sociedad y la PUCP, han contribuido a poner los reflectores sobre él. Más recientemente, las investigaciones contra César Álvarez en Áncash han dado cuenta de sus tentáculos, en especial en ‘La Centralita’.
La investigación fiscal por lavado de activos, que ya fue archivada una vez, y de la que Orellana fue excluido en una segunda oportunidad gracias a un juez de Atalaya, ha vuelto a ser reactivada y está ahora en manos del fiscal especializado Marco Guzmán. Cuatro años de investigaciones fiscales deberían ser suficientes para que formule denuncia penal. A ello se suma la decisión del Congreso la semana pasada de investigarlo.
Si la verdad y la justicia empiezan a abrirse paso es por funcionarios honestos y valientes como Julia Príncipe. Voltearle el partido al crimen demanda que los servidores públicos ejemplares como ella, que no son pocos, no la tengan tan difícil y no se les escamotee el necesario apoyo político y financiero, y que los cómplices de los criminales en el aparato público, que tampoco son pocos, estén donde deben estar: en la cárcel.
RELACIONES PELIGROSAS
COMPLICIDADES EN LA FISCALÍA
El fiscal Peláez tuvo a un socio de Orellana como asesor. El fiscal Ramos reconoció haberse reunido con él, después de negarlo, y ha tomado represalias contra su jefe de imagen por informar de las investigaciones contra Orellana.
TRAS 25 MESES
INVESTIGACIÓN CONGRESAL
La semana pasada se aprobó en el Congreso crear una comisión especial para investigar a Rodolfo Orellana y sus cómplices, luego de veinticinco meses de que lo solicitara Víctor Andrés García Belaunde, quien mejor conoce al personaje y debería presidir el grupo.