Juan Bautista Mendoza Abarca no es uno más del rebaño del Ministerio Público. El fiscal es cuñado del ex presidente del Consejo de Ministros y actual embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, por su relación matrimonial con Patricia Martha Jiménez Mayor, secretaria general de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria desde 2010, a inicios del actual Gobierno.
Mendoza Abarca dejó de ser titular de la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, cargo que desempeñaba desde la década pasada, para convertirse en el fiscal coordinador nacional del Subsistema de Lavado de Activos desde el 22 de octubre de 2013. Este equipo está conformado por 24 magistrados, por lo que el ascenso de Mendoza Abarca llegó con una mejora económica.
Recién el 22 de enero de este año su despacho estrenó oficinas y empezó a funcionar recibiendo el caso de lavado de activos que involucra al ex presidente Alejandro Toledo Manrique y a su suegra Eva Fernenbug. Sin duda, un puesto que pesa no solo por su volumen, sino también por la clase de delitos que investiga.
Pero, fuera del entorno familiar del fiscal coordinador, ¿qué pesó para que el fiscal de la nación, José Antonio Peláez Bardales, coloque a Mendoza Abarca en una oficina clave? Esta es la principal interrogante que ha corrido como reguero de pólvora en los pasillos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos integrantes aún no han ratificado a Mendoza Abarca en el cargo de fiscal, pese a que su evaluación se dio el año pasado.
MALAS NOTAS
La revista Correo Semanal pudo conocer que en la evaluación de Mendoza Abarca su expediente se estanca no solo por las bajas notas en sus diez «resoluciones ejemplos» presentadas para continuar en la carrera pública. La verdadera roca en su camino es un indicio de mala conducta funcional en su cargo de fiscal antidrogas en el puerto chalaco.
Sobre el primer punto, el equipo del CNM analizó seis de los diez documentos para su examen de calidad de decisiones, lo que habría desanimado a parte del jurado calificador. Es más, en su entrevista personal tampoco la suerte habría estado de su lado.
Pero es el segundo punto el que más ha preocupado al personal evaluador, en especial el referido a la denuncia que interpuso la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (TID) por una grave sospecha con olor a cocaína y dinero mal habido.
COIMA Y COCA
La sombra sobre Mendoza empezó el 2 de diciembre de 2010, cuando la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado interviene en Chimbote -junto a otros ciudadanos colombianos y mexicanos- a Niler Zapata Landauro con 57 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizados en más de medio millón de dólares en el comercio negro.
Tal como corresponde, el 16 del mismo mes se procedió a la denuncia penal, y un día después, el Cuarto Juzgado Supranacional abre instrucción para identificar a los cabecillas de esta banda internacional, bajo los apelativos de ‘Augusto’ y ‘David’.
Los sabuesos de la Policía y de la Cuarta Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a cargo de Rubén Arellano Martínez, efectúan un operativo en el hostal Los Tulipanes, en donde logran la captura de ‘Augusto’, identificado como Augusto Alfredo Arriaga Sánchez. Con el detenido, los agentes hallan una serie de documentos que comprometían el actuar de Mendoza Abarca.
‘Augusto’ tenía en su poder un proyecto de denuncia de la Primera Fiscalía Provincial Antidrogas del Callao, que encabezaba el cuñado del ex premier. En el reverso de ese bosquejo no oficial aparece un manuscrito con lo siguiente: «991565225 Dr. Chuyma $20,000 por 3er. pto.».
Además, el procesado por narcotráfico poseía dos fichas Reniec, una de Juan Mendoza y otra del ciudadano Ricardo Pastor Arce. Ambas consultas vía Internet se hicieron desde la página del Poder Judicial, mediante el usuario PJUD 1458, el 19 de mayo de 2010.
Pese a estos inobjetables motivos de una investigación preliminar, el fiscal Rubén Arellano no informa sobre este hecho a la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI), argumentando que en su apreciación «era un tema de seguridad del doctor Juan Mendoza», y explicó: «Dentro de mi investigación no aparecían elementos de que se encuentre involucrado en un acto de corrupción o actividad ilícita».
Esto motivó la denuncia por el delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios y cohecho pasivo, de parte de Carlos Minaya Basilio, abogado adscrito a la Procuraduría Pública Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (TID). Su queja llegó a la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo del fiscal supremo Carlos Américo Ramos Heredia, primo de la primera dama Nadine Heredia y actual postulante a la Fiscalía de la Nación.
En las pruebas ofrecidas por Minaya Basilio llama la atención la acusación contra Juan Mendoza por «haber solicitado presuntamente la suma de 20 mil dólares con la finalidad de favorecer al procesado Augusto Arriaga Sánchez en la denuncia N.° 87-2010 por TID», al considerarlo un simple coordinador de la banda de narcos, pese a que el atestado policial N.° 211-05-2010-Dirandro-PNP califica a ‘Augusto’ como el cabecilla de la organización delictiva.
El procesado por cocaína atinó a responder que las copias del proyecto de denuncia las obtuvo en las inmediaciones de la Corte de Justicia del Callao. Asimismo afirmó no recordar quién le ofreció el documento y tampoco reconoce el manuscrito con la cifra (US$20 mil), aclarando que nadie le ha pedido dinero para favorecerlo en su proceso.
EL PRIMO SALVADOR
El 5 de mayo de 2011 Ramos Heredia envía los casos de Mendoza Abarca y Arellano Martínez a la ODCI y al Órgano de Control de la Magistratura (OCMA). Un año después, el 28 de febrero, pese a los argumentos presentados, la primera instancia decide, mediante resolución N.° 010-2012-ODCI-CALLAO, no iniciar ni siquiera una investigación preliminar.
No obstante, la ODCI solo le da un jalón de orejas al actual fiscal coordinador. A modo de recomendación le exige que: «Efectúe una rigurosa reserva de la investigación, la cual resulta vulnerada al proporcionar al personal fiscal y administrativo el archivo del proyecto de denuncia, al igual que a miembros del Poder Judicial, práctica que no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento».
Finalmente, el 30 de julio de 2012, quien le pone candado a la investigación es el fiscal supremo Carlos Ramos, al no aceptar la apelación interpuesta por el procurador en delitos de corrupción.
«PEQUEÑOS ESCOLLOS»
El fiscal de la nación parece confiar en que su elegido para el cargo de coordinador fiscal nacional salga airoso de la evaluación del CNM. Es más, hasta vaticinó una nota positiva para el cuñado del ex premier Jiménez Mayor.
«Yo espero que eso se defina ya en los días sucesivos. Hemos confiado en el doctor Mendoza Abarca por su experiencia y por la capacidad que tiene en cuanto a haber sido fiscal de drogas, entonces esperemos que en breve el CNM ratifique al doctor para que pueda trabajar con toda tranquilidad», sostuvo Peláez Bardales.
Sobre las críticas a su labor desempeñada como fiscal antidrogas en el Callao, el titular del Ministerio Público minimizó este hecho. «No hay cuestionamiento, creo que no son cuestionamientos de fondo los que está haciendo, me parece, el Consejo. En todo caso, superados esos pequeños escollos creo va a solucionarse eso y luego el doctor Mendoza trabajará con tranquilidad», puntualizó.
A su turno, Carlos Ramos, a quien requerimos a propósito de la ceremonia de juramentación de la flamante fiscal suprema chalaca Nora Mirabal Gambini, se negó a responder nuestras preguntas sobre el caso Mendoza Abarca.
El primo de la primera dama se excusó con una mano levantada y, antes de proceder a charlar con otros participantes del evento, zanjó nuestra pregunta con un: «No, muchas gracias».
Hace dos semanas, Correo Semanal se comunicó vía telefónica con la Gerencia de Imagen Institucional del Ministerio Público, pactando una entrevista con el fiscal coordinador Juan Mendoza. Empero, pese a dejar el número de celular para ser contactado, al cierre de esta edición la llamada nunca llegó.
Fuentes de Correo Semanal han dado a conocer que la evaluación de ratificación de Mendoza Abarca habría dividido la votación a nivel del CNM.
OTRAS PERLAS
El fiscal Mendoza Abarca también cuenta con una amonestación del organismo de control interno, según el expediente N.° 2011-116-OPFSUPR.CI, por emitir dictámenes con falta de adecuado estudio y fundamentación, por los cuales se opinó a favor de otorgar beneficios penitenciarios en seis casos por delitos de tráfico ilícito de drogas.
Asimismo tiene una multa por presuntas irregularidades funcionales, como ordenar a un fiscal que efectúe diligencias durante 168 horas continuas sin gozar de descanso físico, o porque fiscales adjuntos acudan a diligencias por más de dos días consecutivos sin hacer uso de descanso físico. No obstante, ofrecía un trato diferenciado al personal de su despacho.