Por Guillermo Reaño / Viajeros
El biólogo Juan Carlos Riveros es el director científico de Oceana en Perú, una organización científica que viene haciendo esfuerzos para que los responsables del derrame de petróleo en Ventanilla sean debidamente sancionados y se reparen los daños producidos en el ambiente y en la vida de las poblaciones afectadas por la contaminación y el cierre del libre acceso al mar.
Precisamente, para constatar la situación en la zona afectada por el vertido de combustible, un equipo de Oceana sumergió hace unos días en las aguas de Pasamayo, en el límite de los distritos de Ancón y Aucallama, un maniquí que al ser recuperado mostró restos inconfundibles de combustible en el cuerpo, y se comprobó una vez más que la limpieza del océano y las playas realizada por la empresa Repsol ha sido insuficiente. Las siguientes son sus opiniones ciento ochenta días después de iniciada la crisis ambiental
Conversamos hace unos días con Yuri Hooker sobre las respuestas del Estado a la crisis que originó el derrame de hace seis meses en las costas de Ventanilla. Para Yuri, la maquinaria estatal no estuvo a la altura de las circunstancias…
Voy a coincidir como siempre con Yuri Hooker. Para mí es evidente que el Estado falló y no solo falló para solucionar lo que produjo el derrame, sino que venía fallando desde mucho antes: digamos que no fue capaz de ejercer la fiscalización que se necesitaba para que se cumplan los parámetros de una adecuada operación por parte de la empresa responsable del derrame.
¿Te refieres a Repsol?
Te voy a dar una opinión muy personal y la voy a decir con claridad: una empresa hace lo que hace porque se le permite. Estoy convencido que el Estado ha sido muy permisivo, no supo aplicar los controles ni tuvo la capacidad suficiente para ejercer la fiscalización que se requería. No te olvides que se han hecho acusaciones muy serias contra Osinergmin y OEFA, incluso contra Dicapi, precisamente por no haber tenido la capacidad para prevenir este accidente y actuar con celeridad.
¿Un Estado aletargado y sin brújula?
El manejo de la crisis ha sido escandalosamente caótico. Era francamente ridículo ver al tercer o cuarto día de producido el derrame a diferentes funcionarios estatales en camionetas distintas dando vueltas por aquí y por allá sin saber qué hacer. Hay que recordarlo: hubo mucho oportunismo político. Alcaldes, congresistas y autoridades aparecieron con sus banderolas para hacerse el publicherri que querían.
En defensa del Estado podría decir que el derrame los tomó, como a todos, de sorpresa…
Debo recordar que Naciones Unidas emitió un informe en los primeros días de febrero, donde se afirmaba que le parecía absurdo que el Estado peruano teniendo un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que por cierto estaba estandarizado, con protocolos y responsabilidades definidas, a nadie se le hubiese ocurrido utilizarlo. Nadie miró debajo de la mesa para ver lo que había y cada quién actuó por su cuenta. El Estado desconoció sus sistemas de respuesta ante emergencias como esta.
Y no solo eso, la crisis coincidió con un zafarrancho, por decirlo de alguna manera, al interior del propio Gobierno…
Sí, esto coincide, lamentablemente, con un penoso período de crisis en el Ministerio del Ambiente (Minam). En menos de treinta días nos dimos el lujo de tener dos ministros. Y en Serfor lo mismo: cuarenta funcionarios fueron dados de baja en medio de la crisis sin mediar razones.
Hablemos ahora de las otras crisis. Oceana insiste en que detrás de la crisis ambiental se debe mirar a la gente, a la población que dependía de la pesca y de las actividades colaterales en la zona impactada.
La Defensoría del Pueblo emitió un informe indicando que por lo menos tres mil personas no habían sido reconocidas como afectadas ni por la empresa ni por el Estado, simplemente se habían quedado en el limbo. El Estado le ha fallado a su población, a sus ciudadanos y no ha sabido defender el patrimonio que tenemos como nación y, en la práctica, a pesar de los discursos y las declaraciones a la prensa del ministro Modesto Montoya, no se ha avanzado un solo paso. No hay nada.
¿Cómo que no hay nada?
No tenemos hasta la fecha un esquema de compensaciones, no tenemos nada con lo cual confrontar a la empresa para que nuestro reclamo se transforme en una compensación que valorice apropiadamente los daños infringidos. Es cierto, no lo voy a negar, están en marcha diez o doce procesos administrativos sancionadores a cargo de OEFA, Dicapi; Serfor, Sernanp, pero dónde está el esquema de compensación que nos diga a ciencia cierta cuánto vale lo que se perdió más allá de si fueron pingüinos o nutrias. Cuánto valen las horas de trabajo que se perdieron, la salud física y mental de las personas afectadas, cuánto va a costar la recuperación de esta zona para que vuelva a ser un ecosistema productivo pesquero porque esa era la economía principal de la gente. ¿Dónde están esas cifras? Es realmente lamentable que seis meses después de ocurrida la tragedia no las tengamos.
Bueno, también tenemos un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República…
Sí, es cierto. Lo más cercano que tenemos a lo que se necesita es el informe de esa comisión investigadora que recoge testimonios de diversas partes, pega algunas cosas que estaban sueltas y aventura algunas hipótesis que no terminan de cuajar pero, como tantas comisiones de este tipo, sus conclusiones se van a quedar seguramente allí y no van a llegar al Pleno.
Volvamos al tema social: ¿cómo anda ese tema 180 días después de producido el derrame?
Tenemos por delante un escenario bastante complicado para mucha gente. Hay pescadores que no han recibido absolutamente nada, hay otros que recibieron tres pagos que no los compensa del todo, pero lo más importante y lo digo porque he conversado con algunos de ellos, es que la gente no sabe a ciencia cierta cuándo va a poder volver al mar y, por tanto, no sabe si sus hijos van a poder retornar al colegio, si deben invertir lo poco que les queda en comprar las golosinas que van a vender o en las sombrillas que alquilan a los visitantes. Hemos llegado al extremo de que la gente se ha visto obligada a vivir de la caridad mientras el Estado dice tener toda la capacidad y el interés por resolver este problema. Y eso es una obscenidad total.
Se trata, además de una población muy vulnerable.
Sí. Estos derrames dejan una huella, una huella enorme sobre todo en el crecimiento de los niños porque la principal fuente de proteína que tenían esos niños era el pescado. Hay dimensiones ambientales, es cierto, pero hay vidas humanas de por medio y allí se debió poner el ojo y levantar todas las banderas rojas del caso porque las cosas que he sentido, sobre todo en Chancay y Huacho, son tremendas. En qué momento esto se sale del cauce, no lo sé. La gente está dispuesta a tomar la carretera o el puerto de Chancay para que el Estado los escuche.
El procurador del Minam, el abogado Julio Guzmán, comentó a Actualidad Ambiental que van a contratar a un equipo extranjero para terminar de hacer la valoración económica del daño ambiental y social.
El ministro Montoya se está apoyando en los especialistas de la universidad de Texas que quizás sean los mejores del mundo en resolver estos casos, pero su mirada no está viendo a la gente que está jodida, que no tiene lo que necesita. Insisto, la evaluación ambiental se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo. Es más, el Minam tiene un modelo de evaluación ambiental validado. Lo han podido utilizar en lugar de estar esperando la valoración económica que nos traiga la luz. Así no funcionan las cosas.
Nunca más claro aquello de que el tiempo es oro…
De acuerdo. Pienso que las dilaciones representan en estos casos una tremenda renuncia a tus obligaciones como Estado. Aquí hay material como para que intervenga la Contraloría. Sencillamente no están haciendo lo que tendrían que hacer, se valen de excusas infantiles para decir que hay que esperar que se termine de recoger los cadáveres para evaluar el daño que nos ha causado la guerra. Hay miles de cosas que se pudieron hacer bien para darle un sentido al reclamo de las personas.
En Ventanilla nos dijeron que no solo se están dilatando los plazos para las compensaciones, también nos dijeron que el Estado no está escuchando sus reclamos.
Estuve en una reunión que convocó OEFA hace tres semanas para presentar los avances de su evaluación ambiental y, al acabar la presentación, la pregunta de la gente fue una sola: ¿cuándo volvemos al mar? Los representantes de OEFA contestaron que ellos tampoco sabían, que solo podían mencionar los datos recogidos obviando que tanto OEFA como Serfor representan al Estado. En Huacho le preguntaron lo mismo a Dicapi y sus funcionarios contestaron que el asunto era competencia de Produce. Cuando le preguntaron a los técnicos de Produce, estos los mandaron a Imarpe y en Imarpe les dijeron que el monitoreo podía durar ocho meses y recién entonces se podría saber cuándo. La gente dedujo con justa razón que iban a volver al mar al término de ese periodo y en ese momento se enteraron de que esa decisión dependía de Digesa. Todo el mundo se tira la pelota.
Volvamos a las responsabilidades de Repsol.
De acuerdo. Lo han mencionado los funcionarios de Dicapi ante la comisión del Congreso. Al parecer se había recomendado a Repsol que le dé mantenimiento o repare el PLEM, la estructura metálica que permitía el paso de los hidrocarburos del buque tanque a la línea submarina que transportaba el crudo a la refinería, para evitar un posible accidente y no se hizo. El nivel de cinismo alcanza el límite del sarcasmo cuando nos enteramos de que la fuga del petróleo en la cantidad que se produjo se hubiera evitado si es que la empresa hubiera incluido en sus operaciones la existencia de una válvula check, un mecanismo sencillo que corta el suministro de líquidos para evitar su pérdida. Repsol no contaba con una válvula check. Tampoco contaba con las mangueras magnéticas que dejan de trabajar cuando detectan que hay demasiada presión y, como sabemos, la hubo. Si hubieran tenido esa válvula y las mangueras, se hubiera controlado el derrame.
¿Qué hacer para que Repsol asuma sus responsabilidades?
Es muy frecuente, las grandes compañías evaden sus responsabilidades en países bananeros porque tienen entre otras cosas un seguro que les permite pagar estas contingencias como las suelen llamar en su lenguaje corporativo. Ese es el problema, se sienten seguros, saben que no van a ser afectados más allá del alcance de la ley, tienen buena inversión en relaciones públicas, tienen las mejores compañías para eso y una gran complicidad con los medios. Recuerdo haber salido con periodistas jóvenes que fueron capaces de tomar imágenes alucinantes de las aves agonizando por el petróleo que chorreaba de sus cuerpos, pero me llamaron días después para decirme que sus editores no publicaron sus fotos para no hacer tanto roche. Es obvio, eso funciona así, hay temas de avisajes, alianzas y amistades de por medio. En ese mar de circunstancias, Repsol navega a sus anchas y sigue adelante.
¿Qué esperas del Estado de aquí para adelante?
Verdaderamente no espero mucho del Minam, veo a sus funcionarios sentados en su torre de marfil esperando que les creen el Ministerio de la Ciencia. Tengo más confianza en los procesos administrativos sancionadores que probablemente nos permitan recuperar un poco de dinero. A nosotros nos toca seguir exigiéndole que lidere la legítima defensa de los intereses de su población y de su patrimonio natural. Es allí donde debemos enfocar nuestra indignación para que sucesos como este no vuelvan a ocurrir.
¿Podremos recuperar, desde el punto de vista biológico, lo que se perdió?
En términos de la comunidad biológica esto es como un reset (reinicio). Todo vuelve a cero. Toda la evolución, toda la ocupación biológica que sustentaba una pesquería, que si bien es cierto no era la mejor del mundo, le daba recursos suficientes a la gente, se ha perdido, se fue, vamos a tener que empezar de cero y lo que va a aparecer allí va a ser algo muy simple, tal vez estrellitas de mar y cangrejos que no van a ser seguramente comestibles. Dentro de dos o tres años tendremos peces, pero nunca como los que teníamos el 14 de enero del 2022. Si había lenguados, tendremos tramboyos y borrachos.
Finalmente, ¿crees que otros funcionarios a cargo del tema ambiental hubieran hecho mejores cosas?
Otro ministerio, sin duda, hubiera respondido mejor, sin dejar de pensar que el Minam sigue siendo un ministerio con poco poder, esto lo ha mencionado el propio Manuel Pulgar-Vidal. El Estado lo tenía todo servido para poner por delante los derechos de las personas, se trataba de tener liderazgo y eso no significa necesariamente pasearte en una avioneta o hacer una declaración altisonante. Había que estar en el lugar, designar a los funcionarios del más alto nivel que tuvieran un nivel de coordinación suprasectorial o por lo menos darle la capacidad al ministro para que actúe de esa manera. Eso se debió hacer desde el día siguiente. Faltó voluntad habiendo gente muy capaz que no fue convocada. Este ha sido un desastre total que parece salido de un capítulo de los Simpson, el nivel de incoherencia ha sido inmenso. Un verdadero desastre, si algún día se escribe algo sobre esto será una novela real maravillosa.