El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, instó hoy a los gobiernos regionales a apoyar, con acciones efectivas, la labor que viene desarrollando el Poder Ejecutivo para acabar con la minería ilegal que aun opera en diversos departamentos del Perú.
“Estamos preocupados porque no estamos viendo una reacción positiva de algunos gobiernos regionales, sobre todo las direcciones regionales de minería. Y hemos avanzado de manera lenta, porque los gobiernos regionales nos tienen que acompañar”, anotó Jiménez.
Cuestionó que algunas autoridades del departamento de Madre de Dios estén “contaminadas” y hasta involucradas en la actividad minera ilegal, y puso como ejemplo el caso del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, quien es investigado por su presunta participación en esta actividad ilegal.
“El presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, era un empresario minero informal, lo que ha motivado que sea separado del cargo hasta que se hagan las investigaciones. Es realmente muy preocupante que quienes administran justicia esté también metidos en estos negocios turbios”, aseveró.
Jiménez destacó la acción del Gobierno Central de adoptar acciones concretas contra este flagelo al haber nombrado al Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, que actualmente se encuentra acopiando información para el diseño de un plan de operaciones para eliminar las dragas que contaminan el medio ambiente.
“Estamos haciendo un plan de operaciones del país donde hay minería ilegal, pero focalizando en donde tenemos problemas mucho más grandes como el caso de Madre de Dios y Puno, en el sector de La Rinconada y Ananea”, puntualizó Jiménez.
Tras informar que son más de 70,000 los mineros que han expresado su voluntad de formalizarse, Jiménez dijo que el Gobierno está poniendo énfasis en la ejecución de una estrategia multisectorial dirigida no solo a formalizar la minería sino a reprimir a aquellos mineros ilegales que sigan infringiendo la ley.
Al respecto, aseguró que la estrategia contempla un calendario de operaciones para la destrucción de dragas que contaminan los ríos y que pondrá en ejecución las Fuerzas Armadas con apoyo del Ministerio Público.