El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, expresó la necesidad de contar con protocolos de atención especializados para víctimas de violencia sexual, así como asegurar que cuenten con espacios de atención dotados de condiciones de privacidad auditiva y visual en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Asimismo, recomendó la creación de equipos especializados en la Unidad de Defensa Pública del Estado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitan proveer de defensa judicial a las víctimas.
Estas recomendaciones se formularon en la presentación del Informe de Adjuntía denominado “Violencia sexual en el Perú: Un estudio de casos judiciales” en el que se evidenció, entre otros temas, que las víctimas no reciben las medidas de protección adecuadas.
Por su parte, la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán–Zegarra, manifestó que la violencia sexual contra las mujeres mayores de 18 años es cometida, en su mayoría, por familiares, cónyuges, ex parejas y personas del entorno más cercano.
“El mayor número de los procesados está constituido por varones de 18 a 40 años de edad, con instrucción, y que, al momento de los hechos, se encontraban desarrollando algún oficio o prestando algún servicio”, subrayó.
Cifras preocupantes
Fernán-Zegarra explicó que en el 64,6 % de los casos, los delitos de violación sexual se cometieron con el empleo de la fuerza. Además, en el 20,8 % de los referidos casos, los agresores aprovecharon el retardo mental de la víctima, en tanto que en el 14,6 % emplearon algún tipo de fármaco o droga para realizar la violación.
La funcionaria sostuvo, adicionalmente, que los montos por concepto de reparación civil han sido fijados sin merituar adecuadamente el daño causado por el agresor a la víctima. “Las cantidades oscilan entre los 200 y 1,500 nuevos soles”, puntualizó.
Los casos estudiados corresponden a 11 distritos judiciales (Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna) mientras que la información fue recogida de 48 carpetas judiciales, correspondientes a distritos en los que se está implementando el Nuevo Código Procesal Penal.
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