Por unanimidad, en una reunión convocada por la oficina de la Defensoría del Pueblo de Pucallpa, representantes de 18 instituciones del Estado expresaron su rechazo a las reciente ola de invasiones de tierras y propiedades que viene preocupando a los habitantes y sobretodo creando un clima de inseguridad que ahuyenta a la inversión privada.
Los representantes del Estado exigieron a los municipios de Pucallpa no reconocer y mucho menos otorgar servicios de agua, telefonía y alumbrado eléctrico a los invasores de terrenos, pedido que fue trasladado formalmente a los representantes de las empresas Emapacopsa, Electro Ucayali y Telefónica del Perú, responsables de brindar esos servicios en la zona.
“En la reunión se ha rechazado la usurpación de tierras y se ha presentado propuestas para solucionar el grave problema de la vivienda en la región Ucayali”, dijo Marcos Madueño Cárdenas, comisionado de la Defensoría del Pueblo.
El funcionario agregó que los municipios de Ucayali deben brindar información sobre sus programas o proyectos de vivienda para garantizar también un crecimiento urbanístico ordenado y planificado en cada una de sus jurisdicciones.
Por su parte el representante del Ministerio Público, Víctor Villegas Portugal, dijo que las sanciones que establece el Código Penal para casos de invasión de tierras son muy benignas y además otorgan una serie de beneficios carcelarios.
Por ello planteó a las autoridades que soliciten la modificatoria del Código Penal para que la sanción no sea menor de 25 años y sin beneficios penitenciarios.
Dothy Flores, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, expresó la preocupación del gremio privado ante la ola de invasiones de propiedades y advirtió que si no se toman acciones inmediatas ocasionará un freno al desarrollo económico de la región.
Por ello, la representante empresarial formuló un llamado a las autoridades e instituciones públicas y privadas para cerrar filas y poner punto final a la apropiación ilícita de tierras.
Ni las Fuerzas Armadas se salvan
Un representante de la Fuerza Aérea del Perú denunció que algunos terrenos de su institución fueron invadidos y que urge una acción contundente por parte de las autoridades para frenar esa ola de robos. Sobre una eventual intervención de las Fuerzas Armadas, el miembro de la FAP dijo que ello solamente sería posible si la capacidad policial es rebasada.
Un grupo de participantes cuestionaron la labor de la PNP porque ya se han producido diez invasiones de terrenos que no han podido ser anticipadas con acciones de inteligencia policial. Además, se preguntaron por qué hasta le momento no han sido identificados los promotores de dichas invasiones.
Por su parte, Alan Ruiz Vega, gerente general de la región Ucayali, sostuvo que el objetivo es frenar la ola de invasiones de propiedades con la ejecución de programas de vivienda que podrían llevar adelante las municipalidades y el gobierno regional.
“No avalamos la invasión de tierras porque tenemos la obligación moral de velar por el derecho a la propiedad y el principio de autoridad”, manifestó Ruiz.