Al término de una evaluación del trabajo que las instituciones llamadas a administrar justicia desarrollan en defensa de la mujer en el país, la Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy que la mayoría de ellas -Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y comisarías- no ejerce el tratamiento adecuado de los casos de violencia contra la mujer.
En un acto público celebrado hoy, la Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, sostuvo que la violencia contra la mujer es un fenómeno multidimensional que requiere esfuerzos variados de parte de la sociedad en su conjunto para que se pueda erradicar.
Según el trabajo efectuado por la Adjuntía a su cargo, las irregularidades más frecuentes están relacionadas con la dilación en la tramitación de procesos vinculados a violencia contra la mujer y en el condicionamiento del registro de la denuncia a la evaluación de la víctima por parte del médico legista.
No menos preocupante resulta el uso indebido de la conciliación en las sedes judicial y policial, así como en el Ministerio Público, la renuencia a otorgar medidas de protección a la víctima y a entregar una reparación civil por el delito de violencia contra la mujer. A ello se suman las dificultades para procesar los casos de violencia psicológica.
En ese sentido resaltó tres aspectos de este fenómeno social que deberían tomarse en cuenta: la valoración de la violencia psicológica como una forma de violencia contra la mujer por parte de la sociedad en su conjunto, así como la necesidad de que se dicten efectivas medidas de protección a la víctima cuando hay una denuncia en sede judicial. A ello sumó la oportunidad que tiene el Congreso de la República de tipificar el delito de violencia familiar como un delito autónomo.
Finalmente, la doctora Fernán-Zegarra sostuvo que, ante esta preocupante situación, urge la creación de un Plan Nacional de Violencia contra la Mujer para los siguientes años, y que es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social el principal responsable en la implementación de este plan, así como el ente rector en esta materia, lo que debe ser tomado en cuenta por las instituciones públicas y/o privadas.