La congresista Verónika Mendoza Frisch (AP-FA) sostuvo hoy miércoles 23 una reunión con representantes de las empresas Pluspetrol, Perenco Perú y Gran Tierra Energy, como parte de encuentros que sostendrá para la elaboración de una propuesta legislativa que permita la institucionalización del monitoreo ambiental comunitario.
La legisladora dijo que la práctica del monitoreo ambiental, según afirmaron los ejecutivos empresariales, ha resultado muy útil en la identificación de derrames o sitios impactados que requieren ser restaurados para la protección ambiental y de la salud de las poblaciones de las comunidades, por lo que se ha constituido en un aporte al sistema nacional de gestión ambiental.
En el encuentro participaron los subgerentes de asuntos comunitarios Óscar Cervantes, de Perenco-Perú; y Marisol Rodríguez de Pluspetrol.
También Rubén Ferrari, gerente de operaciones de Plus Petrol y Ricardo Morales, de Gran Tierra Energy.
Mendoza afirmó que inició el proceso de entendimiento con todos los actores involucrados en el tema desde el 2013 a través de dos talleres, en mayo y en octubre, los mismos que contaron con la participación de organizaciones sociales e indígenas y de ONGs de diferentes regiones.
Experiencias
“Este intercambio de experiencias en el desarrollo de la vigilancia y monitoreo de las comunidades sobre su territorio ha propiciado que entendamos que hay necesidad de articularla a las estructuras del Estado como es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ya que hay deficiencias en la normatividad actual respecto al enfoque de la participación ciudadana e indígena como derecho colectivo”, agregó.
Insistió en que los empresarios han destacado la importancia de los monitores comunitarios, quienes son los que, muchas veces, identifican los problemas de contaminación en lugares a los que el Estado no puede llegar.
“Son una especie de alerta temprana de los problemas que pueden presentarse, los mismos que al detectarse con prontitud pueden solucionarse de la misma manera”, dijo.
Recalcó que es importante que los monitores puedan acompañar a las entidades fiscalizadoras del Estado en materia ambiental como el Ministerio del Ambiente, Oefa, Digesa, Autoridad Nacional del Agua y otras, cuando estas realicen sus actividades de vigilancia o supervisión, en busca de garantizar la credibilidad del accionar de los representantes de dichos estamentos.
“Cuando estos entes van a fiscalizar a las comunidades no confían en su labor y sospechan que se han coludido con la empresa para ver sólo lo que quieren que se fiscalice, lo que debe superarse –dijo- con transparencia de parte de las empresas extractivas y del Estado”.
La parlamentaria propuso, además, que para evitar suspicacias sobre el financiamiento de parte de las empresas a la labor de los monitores comunitarios sería recomendable contar con un fideicomiso al que contribuyan las empresas y que pudiera ser administrado por algún ente del Estado, del Minam O Mem, a fin de garantizar la capacitación e independencia en la labor de estos servidores y terminar con la imagen de injerencia de parte de la empresa que critican algunos representantes de las comunidades indígenas y campesinas.
La legisladora reveló finalmente que mañana, jueves 24, sostendrá una nueva reunión con representantes de los entes fiscalizadores del Estado para intercambiar las experiencias de estos organismos y fortalecer su propuesta.
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