La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «llama al Estado peruano, a sus instituciones y representantes, a tomar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la creciente tensión con los medios de comunicación y con los periodistas, promoviendo un ambiente propicio para el debate de ideas y el ejercicio del periodismo. La obligación estatal de favorecer y garantizar la libertad de expresión, en todas sus aristas, significa también garantizar las condiciones para un debate público robusto, diverso e incluyente, presupuesto esencial de cualquier democracia de nuestro hemisferio».
Lo anterior se registra en un documento en el que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó sus observaciones preliminares y recomendaciones tras su primera visita al Perú. Como se recuerda, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villareal, realizó una visita oficial al Perú, entre los días 16 y 20 de mayo, para relevar la situación de la libertad de expresión del país. Para realizar su labor se desplazó a Lima y Ayacucho.
En Lima, el Relator se reunió con diversas autoridades del Estado y representantes de diversas entidades públicas. Además, obtuvo información de periodistas y comunicadores; representantes y directivas de medios de comunicación; representantes de gremios periodísticos y de medios de comunicación; así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. La delegación también se reunió con víctimas y con familiares de víctimas de violaciones a la libertad de expresión.
En la primera visita oficial de la Relatoría Especial a Perú, la Relatoría ha advertido un escenario político y social polarizado, en donde persisten normas y prácticas que impactan negativamente el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión. Entre las impresiones sobre la situación de la libertad de expresión en el país compartimos algunas:
«El Relator Especial pudo percibir un clima de tensión entre el Gobierno, el Congreso, y los medios de comunicación, diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas, así como un importante sistema de auto regulación de la prensa que es frágil en su impacto, dada la poca apropiación social sobre su existencia. La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información; el libre y plural debate de ideas; y el escrutinio de la acción pública, todo ello necesario para lograr una democracia sólida y garantista de los derechos fundamentales».
«De su observación sobre el estado de la libertad de expresión en Perú, esta Oficina advierte un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física. Durante la visita, fueron reiterados los planteamientos sobre lo que podría ser una situación de concentración de propiedad de medios de comunicación, y de sus eventuales impactos en
materia de libertad de expresión, particularmente, en la difusión de puntos de vista plurales para la ciudadanía, situación a la que la Relatoría Especial ha venido dando seguimiento por medio de sus diversos mecanismos».
Se añade que el «Perú enfrenta importantes desafíos en la garantía del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Estos desafíos han de ser abordados conforme al derecho internacional de los derechos humanos y en particular, conforme a los estándares interamericanos en la materia. Ello incluye la obligación del Estado peruano de actuar con debida diligencia y de emplear sus máximos esfuerzos hacia la investigación; el esclarecimiento de los hechos, recientes y del pasado; la impartición de justicia; así como de reparación integral a las víctimas de violencia frente a la violencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión».
Al final del documento presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presentan recomendaciones preliminares al Estado, dirigidas a la adecuación del ordenamiento jurídico peruano, de prácticas y de políticas nacionales a las normas y estándares internacionales e interamericanos en materia de libertad de expresión. Se añade que estas observaciones y recomendaciones preliminares serán desarrolladas posteriormente en un informe especial de país publicado por la Relatoría Especial.