Como era previsible, otro buen año para la economía. Pero la delincuencia se desborda y la corrupción crece amparada por el gobierno.
El Perú avanza en economía, como muestran las impresionantes cifras del crecimiento, pero los peruanos no prosperan tanto como las estadísticas. El diario Gestión informó hace poco que el desempleo había aumentado en Lima y los salarios promedio habían caído.
Eso probablemente explique, en parte, la pobre aprobación del presidente Alan García, que cayó a 32% en la última encuesta nacional de Ipsos Apoyo (la desaprobación subió a 63%).
Pero hay otros dos asuntos que seguramente también explican la baja aprobación de García, a pesar del extraordinario crecimiento económico: la inseguridad ciudadana y la corrupción que carcome su gobierno.
Deterioro sin pausa
La seguridad ciudadana no ha cesado de deteriorarse en los últimos cinco años. Como se advirtió en esta columna desde el comienzo del actual gobierno, la catástrofe de la seguridad sería uno de los peores legados que nos dejaría Alan García el 2011.
Lo que ha fracasado sin atenuantes es la política de los números.
Más patrulleros y más policías es lo que ofreció el gobierno para mejorar la seguridad. Hoy día tenemos mucho más de ambos y la seguridad está mucho peor que en el 2006.
El principal problema para enfrentar a la delincuencia es la corrupción de las instituciones encargadas de combatirla: la Policía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario. Por eso, la principal tarea para mejorar la seguridad es reformar esas organizaciones, haciéndolas más eficientes y menos corruptas.
Ese era el eje esencial de la reforma policial que se empezó el 2001, abandonada luego por Alejandro Toledo y ni siquiera intentada en el actual gobierno.
En un país que es el principal exportador de cocaína del mundo, no es difícil pronosticar que más temprano que tarde el crimen organizado terminará controlando áreas importantes de la Policía, el Poder Judicial y también de las Fuerzas Armadas, involucradas por este gobierno en asuntos de narcotráfico.
Así ha ocurrido en varios países de América Latina. No hay ninguna razón para que no suceda en el Perú. Cuando lleguemos a esa situación, ya no hay retroceso. Desarraigar al crimen organizado y la corrupción es una tarea de muchos años y tiene un costo enorme, en recursos y violencia.
Propiciando la corrupción
Hay varios ejemplos este año de cómo el gobierno ha propiciado y encubierto la corrupción en la Policía. El caso de los portatropas sobrevaluados, denunciado por IDL-Reporteros, es uno de ellos. Esos vehículos habían sido rechazados por el Ministerio del Interior el 2007 por ser demasiado caros y luego los volvieron a comprar el 2010, maquillados, a un precio mayor todavía.
Como ha sucedido a lo largo del mandato de García, no pasó nada. Luego del escándalo ocasionado por la denuncia periodística, todo quedó tapado por los nuevos hechos de corrupción que han jalonado este gobierno.
El Congreso, por supuesto, jamás investigó el asunto. La Comisión de Fiscalización, dirigida por los ahora aliados de Luis Castañeda, funciona en realidad como una Comisión de Encubrimiento. Su trabajo consiste en proteger a los funcionarios corruptos.
Otro ejemplo es el del general Bruno Debenedetti, que recibió de manera irregular cientos de miles de soles en su cuenta personal del municipio del Callao, sin que pudiera explicar luego en qué había utilizado ese dinero. El propio presidente García defendió el comportamiento de Debenedetti que, por supuesto, quedó impune.
Como es obvio, el efecto que tienen esos casos sobre los policías es devastador. Si ven que los de arriba actúan así, protegidos además por un presidente que actúa de acuerdo al principio de que “la plata llega sola”, muchos siguen el mal ejemplo. Si los más altos mandos y funcionarios se enriquecen ilícitamente, ¿por qué los subalternos deberían actuar distinto?
Además, se establece una cadena de complicidades. Si los mandos se roban la gasolina y por tanto los patrulleros circulan poco o no circulan, ¿qué impide a los subordinados extorsionar al público?
Ineficiencia
La ineficiencia ha sido también la característica del manejo del orden público. De un lado, el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía, que ha producido muertes en incidentes menores, como un desalojo del mercado de Piura (5 fallecidos) o el bloqueo de la carretera en Chala (6 fallecidos).
En total, se acercan al centenar los muertos en asuntos de orden público, un récord difícil de igualar.
Y de otro lado, esta “mano dura” no ha frenado las protestas sociales, que han seguido creciendo a pesar del auge económico.
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