La violencia que se evidencia en al Alto Huallaga y que en las últimas semanas ha recrudecido con crímenes que ha alcanzado a autoridades, es un reflejo del grave deterioro de la seguridad ciudadana en la zona en donde además del accionar del narcotráfico y el terrorismo, campea la delincuencia organizada, sin que las autoridades logren reducir la ocurrencia de esos fenómenos que atemorizan a la población y alejan las inversiones
La seguridad ciudadana empeoró durante el 2008 por la aparición en Lima y en ciudades del interior, de nuevas modalidades de robo como los llamados «marcas» y por las pandillas juveniles que protagonizan hechos de suma violencia en las calles que se suman a los cotidianos asaltos, crímenes, violaciones sexuales y de grandes decomisos de droga.
«Estamos ante un panorama de deterioro. Todavía no tenemos los niveles de inseguridad de algunos otros países, pero creo que las autoridades deben estar muy preocupadas por lo que viene ocurriendo», enfatizó el analista político y ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío en declaraciones a INFOREGIÓN.
Sostuvo que el narcotráfico produce una serie de efectos perniciosos en los lugares donde opera, generando violencia y delincuencia, lacras que adquieren una macabra dimensión si aparecen influenciadas, promovidas o protegidas por el terrorismo.
Y ese es, precisamente, el escenario del Alto Huallaga.
Carlos Basombrío sostiene que en las zonas donde opera el narcotráfico, como el Alto Huallaga o el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, las fuerzas del orden deben aplicar estrategias diferentes a las utilizadas en el resto del país.
«La situación en el Alto Huallaga y en el VRAE es más difícil porque coexiste el terrorismo, la producción de coca y las actividades del narcotráfico, junto con la corrupción que esas lacras traen. Evidentemente son zonas que requieren de políticas y estrategias policiales diferentes a las que se aplican en las ciudades menos involucradas en el problema. Se requiere una mayor especialización de la policía antidrogas, hecho que debe ser considerado como una política principal de seguridad», recomendó.
Violencia en todos los niveles
Se habla de violencia y lamentablemente ese problema se presenta en todos lo niveles. Actualmente, la población del Alto Huallaga observa con preocupación la detención del flamante alcalde de Huamalíes, Alfredo Espinoza Fonseca, acusado nada menos que de haber sido autor intelectual del asesinato de su predecesor en el cargo, Eduardo Quino Herrera, ocurrido el pasado 20 de enero.
La detención fue ordenada por el fiscal a cargo de las investigaciones, Edinson Salas Barrueta, mientras que expertos en criminalística de la PNP llegados desde Lima buscan identificar a los presuntos cómplices del crimen y las sospechas, según dan cuenta los medios de comunicación del Alto Huallaga, alcanzan también al alcalde distrital del Monzón y ex dirigente cocalero, Iburcio Morales Baltasar.
Es decir, dos autoridades elegidas por el pueblo aparecen presuntamente vinculadas con el asesinato de un alcalde en funciones. Por cierto, la presencia de Iburcio Morales Baltasar en el caso parece confirmar la relación entre hoja de coca, narcotráfico y violencia.
El analista de INFOREGIÓN, Rubén Vargas, consideró que sería muy grave que las investigaciones policiales y judiciales determinen que Morales Baltasar se encuentra involucrado en el crimen.
«Es un hecho muy delicado y creo que es una señal de lo deteriorado de la seguridad ciudadana en el Alto Huallaga», resaltó.
Como en la peor etapa de la violencia terrorista y del narcotráfico
El experto en seguridad ciudadana mostró su sorpresa por los asesinatos que diariamente son reseñados en los periódicos y noticieros televisivos de Huánuco, los mismos que son ejecutados con métodos que se creían ya superados:
«Nos hacen recordar las épocas más crudas de la violencia terrorista y del narcotráfico en el Huallaga, cuando se asesinaba con el uso de sicarios», precisó.
Rubén Vargas consideró que la inseguridad ciudadana en el Huallaga es muy crítica, por lo que reclamó la intervención urgente de las autoridades civiles, especialmente del gobierno regional y de los alcaldes provinciales.
Las muertes del narcoterrorismo
Semana a semana se conocen casos de asesinatos en el Alto Huallaga. Algunos trascienden, pero muchos quedan en el anonimato.
El más reciente ocurrió en la madrugada del pasado 4 de febrero. Y como siempre suele ocurrir, el móvil fue el narcotráfico.
Amador Carmen Canchaparán, de 45 años de edad, conocido por la Policía Nacional del Perú con el alias de Yuri o Amaco, fue victimado a balazos por presuntos narcotraficantes en la localidad de Puente Durán, ubicada a 40 kilómetros al sur de Tingo María.
El sujeto era considerado como el sucesor de Atilio Cahuana Yuyali (a) Julián, en el organigrama de Sendero Luminoso.
Fuentes de INFOREGIÓN manifestaron que Amador Carmen Canchaparán fue asesinado por no haber entregado la totalidad de un cargamento de once toneladas de insumos químicos que había sido robado en el sector de Carpish. Los narcotraficantes le habrían exigido que devuelva entonces el dinero, a lo que se negó firmando entonces su sentencia de muerte.
Pero no fue el único caso. El 11 de enero, un hombre fue hallado muerto y con un balazo en la cabeza a la altura del puente Pucayacu, en plena carretera Fernando Belaunde Terry, en el distrito de José Crespo y Castillo, presuntamente cometido por Sendero Luminoso.
Junto a su cuerpo se encontraron las clásicas cartulinas blancas con el dibujo de la hoz y el martillo y las inscripciones «Así mueren los soplones» y «Solución política a los problemas derivados de la guerra interna».
Con la misma modalidad y los mismos argumentos el domingo 8 de febrero senderistas asesinaron a padre e hijo en Aucayacu, acusándolos de ser soplones de la policía.,
Población indefensa por la ausencia del Estado
Desprotegidos, los pobladores del Alto Huallaga se encuentran atemorizados por los sucesos de sangre que ocurren cerca de sus domicilios y reclaman mayor presencia policial y militar en la zona. Muchos aseguran que la inseguridad ciudadana creció luego de que en octubre del 2008 el Estado desactivara, por razones presupuestales, la base militar que el Ejército regentaba en la zona.
Frente a la creciente inseguridad ciudadana, el nuevo jefe del Frente Policial Huallaga, general PNP Ítalo Perochena Solari, parece haber llegado con la voluntad de hacer cosas trascendentes en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Perochena Solari anunció que junto a su alto comando se encuentra planificando algunas estrategias para combatir el narcotráfico y el terrorismo, siempre en coordinación con la Dirección Antidrogas, DIRANDRO y la Policía Antiterrorista. Precisó que algunas de ellas ya se aplican desde el año pasado y con singular éxito.
En declaraciones a INFOREGIÓN, el flamante jefe del Frente Policial Huallaga sostuvo que las mafias del narcotráfico han cambiado su accionar con relación al acopio y al traslado de la droga hacia Lima y otras grandes ciudades, debido a las importantes y exitosas operaciones de interdicción y de inteligencia que se realizan en la zona.
«Se obtienen resultados porque diariamente hacemos operativos, algunos de pequeño alcance y otros de mayor impacto, pero siempre en base a información de inteligencia. Para contrarrestar el narcotráfico contamos con informantes, con gente que colabora con la PNP y con la ciudadanía», resaltó.
Perochena Solari destacó la colaboración de la población en la lucha contra el crimen: «La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia no solamente es responsabilidad de la policía, es un trabajo integral que implica participación de las autoridades, del alcalde que preside el Sistema de Seguridad Ciudadana y del Ministerio Público que trabaja coordinadamente con nuestros efectivos», finalizó.
Impulso a Programas de Desarrollo Alternativo
Un factor que es fundamental en la lucha contra el narcoterrorismo tiene que ver con el desarrollo sostenible de los cultivos alternativos. El analista en temas de narcotráfico, Jaime García, sostuvo que el gobierno debe redoblar los esfuerzos y presupuestos destinados a los programas de desarrollo alternativo en las zonas afectadas por el accionar del narcotráfico, como el Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE.
Señaló que esa tarea debe ir acompañada de eficaces labores de interdicción a cargo de las fuerzas del orden, «no solamente en lo referido a la destrucción de pozas de maceración, sino también en la inhabilitación de laboratorios y en el uso de la inteligencia para desarticular a las bandas del narcotráfico».
En ese sentido, resaltó el papel que juega el Programa de Desarrollo Alternativo que ejecuta DEVIDA: «La reducción de cultivos de hoja de coca es un hecho real. En la región San Martín, hace 20 años había 20 o 22 mil hectáreas de cultivos ilegales. Hoy son menos de 1.000 hectáreas, de acuerdo con información de la ONU».
Jaime García precisó que actualmente la producción de cocaína se hace directamente en los valles cocaleros, con la participación de los propios campesinos que ya no solamente se dedican al cultivo de la hoja de coca.
«El año pasado se han destruido más de 2.000 pozas de maceración a nivel nacional. Si estimamos que esas destrucciones de pozas de maceración corresponden al 20% del total, entonces existirían entre 8.000 mil y 10.000 mil pozas de maceración en todo el país», refirió.
Agregó que «la existencia de esa cantidad de pozas de maceración implica la colaboración de muchas personas, lo que permite deducir que las mafias del narcotráfico cuentan con el apoyo de algunos campesinos cocaleros que se ya se han integrando a la cadena del tráfico de drogas».